En una jornada decisiva para los involucrados en el caso Junaeb, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dictaminó a favor del abogado Darío Calderón y los ex legisladores Sergio Gahona y Hugo Gutiérrez, permitiendo limitar la revisión de los dispositivos celulares confiscados. Este fallo es un importante triunfo para la defensa, al señalar que la revisión de objetos incautados debe realizarse bajo parámetros claros, protegiendo así los derechos fundamentales de los imputados. De acuerdo a lo expuesto por el tribunal, su decisión busca encontrar un balance entre la efectividad en la persecución penal y el respeto a las garantías constitucionales.
El tribunal estableció que la fiscalía no puede acceder indiscriminadamente a la información de los teléfonos incautados, y deberá presentar un informe al Cuarto Juzgado de Garantía en un plazo de quince días, donde indicará los criterios de búsqueda para la extracción de datos. Esto incluye la identificación de funcionarios y peritos involucrados en el proceso, así como los tipos de información que podrán ser analizadas y conservadas. Este marco regulatorio es crucial para prevenir abusos y asegurar que la privacidad de los imputados sea preservada durante la investigación.
En uno de los puntos más destacados del fallo, se menciona que los dispositivos móviles contienen una cantidad inmensa de información personal, que va más allá de lo que se podría encontrar en un registro de domicilio. Esto subraya la necesidad de un análisis cuidadoso y regulado, en el que las comunicaciones del investigado con sus abogados defensores quedan excluidas de cualquier revisión, a menos que estos también estén involucrados como imputados en el caso. De este modo, la Corte enfatiza la importancia de proteger el secreto profesional y la confianza entre el abogado y su cliente.
La resolución ha sido bien recibida por los defensores de Calderón y Gahona, quienes argumentan que establece lineamientos claros y justos para el proceso de incautación y revisión de datos. Samuel Donoso, abogado de Calderón, destacó que este fallo asegura que los derechos de los involucrados no serán sacrificados en el proceso de búsqueda de la verdad. Sin embargo, a pesar de este avance, fuentes cercanas al caso indican que el Ministerio Público está considerando apelar la decisión, lo que podría llevar el asunto a la Corte Suprema para un análisis definitivo.
Cabe mencionar que, aunque la Corte de Apelaciones ha tomado una postura unánime con respecto al amparo de Gahona, el caso de Calderón ha tenido un voto disidente por parte del ministro Rodrigo Carrasco, quien argumentó en contra del amparo en base a que no se había demostrado que las resoluciones impugnadas violaran derechos fundamentales. Este aspecto sugiere una división en la interpretación legal sobre cómo se deben manejar las evidencias electrónicas en investigaciones penales, dejando abierta la puerta a futuras discusiones y decisiones en el ámbito judicial.
