La reciente decisión del Gobierno, encabezado por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, de revisar la propuesta de creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública ha generado gran expectación en la sociedad chilena. La propuesta inicial, que contemplaba un periodo de hasta 240 días de estado de excepción sin necesidad de la intervención del Congreso, fue recibida con críticas feroces, surgiendo temores sobre un posible abuso de poder. Por tanto, la nueva voluntad de diálogo y negociación en el Senado puede abrir una puerta hacia un marco más constitucional y equilibrado, que resguarde el Estado de Derecho.
Las críticas al estado de excepción original giraban en torno a la idea de que otorgaba demasiado poder al Presidente, permitiéndole actuar sin el debido control legislativo. Este aspecto fue considerado alarmante, ya que se sugirió que se podría gobernar con un estado de excepción durante prácticamente un año completo, basado solo en la voluntad del Ejecutivo. Dicho desprecio por el procedimiento democrático y los principios de separación de poderes fue el principal argumento que llevó a su rechazo, obligando al Gobierno a replantear su postura.
En contraste, el actual marco legal que regula los estados de emergencia en Chile, que permite al Presidente declarar un estado de emergencia solo por un periodo limitado de 15 días, prorrogable con la aprobación del Congreso, se considera una salvaguarda crucial. Este mecanismo pretende asegurar que las decisiones de carácter excepcional sean transparentes y supervisadas, evitando que se conviertan en herramientas para el endurecimiento del poder ejecutivo. Con la nueva propuesta a debatir, se espera que se tomen en cuenta estos principios de limitación y control.
El anuncio de la negociación en el Senado para reformar el estado de emergencia plantea nuevas interrogantes sobre los criterios que justificarían su aplicación. En este sentido, los expertos, como el jurista José Luis Cea, han enfatizado la necesidad de que las causales que deriven en un estado de emergencia sean objetivas y evidentes, y no basadas en situaciones hipotéticas o vagas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha abogado por un uso riguroso y claro de estos estados excepcionales, reiterando la importancia de no dejar espacio a interpretaciones que puedan llevar a abusos.
Finalmente, la importancia de establecer requisitos claros y bien definidos para la aplicación de un nuevo estado de excepción no puede ser subestimada. La comunidad y los actores políticos esperan que cualquier propuesta que surja del Senado contenga criterios que limiten el uso de estas medidas a circunstancias concretas y bien fundamentadas. Esto no solo es vital para la protección del Estado de Derecho, sino que también garantiza que se conserve la confianza del pueblo en sus instituciones públicas, crucial para la democracia en Chile.
