La **Fiscalía Regional Metropolitana Sur** ha formalizado a 19 individuos acusados de ser parte de la primera célula del **Primer Comando de la Capital (PCC)** en Chile, en un importante avance en la lucha contra el crimen organizado en el país. La audiencia, que comenzó el jueves y concluyó este domingo, determinó que nueve de los imputados quedaran bajo la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que los diez restantes ya estaban privados de libertad por medidas cautelares anteriores o condenas por otros delitos. Esta operación resalta el incremento de la actividad del PCC en Chile y su implicación en diversas actividades criminales, que van desde el narcotráfico hasta la explotación de armas.
Los delitos que enfrentarán los miembros del PCC incluyen **asociación criminal y asociación ilícita para el narcotráfico**, así como violaciones de la **Ley de Armas** y otras infracciones relacionadas con el tráfico de drogas. El fiscal metropolitano sur, Héctor Barros, destacó que a pesar de la formalización de 21 imputados, uno fue excluido de la asociación criminal y otro será formalizado en una audiencia futura debido a su estado de reclusión. De este modo, el sistema judicial chileno ha puesto de manifiesto su compromiso en combatir la delincuencia organizada y desarticular redes criminales que operan en el país.
La investigación que llevó a estas formalizaciones se inició en 2019, apoyada por la **Policía de Investigaciones (PDI)** y con el respaldo internacional de la **DEA** de Estados Unidos. Con el fin de entender mejor la estructura y las operaciones del PCC, se intercambiaron datos que resultaron en la captura de un individuo vinculado a la organización en EE.UU., donde se incautaron seis fusiles de guerra destinados a ser enviados a Brasil. Esta colaboración internacional ha sido crucial para frenar el avance del PCC en la región, especialmente en zonas afectadas por narcotráfico y violencia.
A pesar de las acciones contundentes de las autoridades, Barros aclaró que no se observa una disputa territorial con otros grupos criminales como el tren de Aragua, lo que sugiere una posible falta de competencia directa en el tráfico de drogas a nivel local. El tribunal otorgó un plazo de **120 días de investigación** para profundizar en la red criminal del PCC y sus conexiones en el extranjero, subrayando la necesidad de un enfoque integral y sostenido en la lucha contra el crimen organizado.
El PCC, según la investigación, se encuentra en un proceso de **reclutamiento constante**, aprovechando el sistema penitenciario chileno para integrar nuevos miembros. La estructura de la organización se basa en un sistema de **bautismo**, mediante el cual los nuevos integrantes son formalmente aceptados y deben adherirse a un reglamento interno. Este enfoque no solo permite al PCC mantener un control estricto sobre sus miembros, sino que también establece un marco de operación bajo el cual se realizan actividades ilícitas como el tráfico de drogas, contrabando, y homicidios. Barros enfatizó que efectivamente el PCC se presenta como una **empresa criminal relevante**, actuando casi como una alternativa al poder del Estado en espacios donde la ley parece ser insuficiente.
