En Chile, el fenómeno del envejecimiento de la población se ha intensificado en los últimos años, alcanzando actualmente un 14% de personas de 65 años o más, un aumento significativo desde el 11,4% registrado en 2017. Este cambio demográfico plantea serios desafíos en términos de bienestar y calidad de vida para los ciudadanos mayores, especialmente en un contexto donde la recaudación del impuesto territorial ha caído drásticamente entre 2024 y 2025, una situación que no se había visto desde la crisis provocada por la pandemia. Las diez comunas que más ingresos reciben del Fondo Común Municipal (FCM) presentan un índice de envejecimiento que supera el promedio nacional, lo cual podría anticipar un mayor bienestar para los pensionados. Sin embargo, los indicadores señalan un retroceso alarmante en el Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) en tres de estas comunas en la última década.
La creciente deuda nacional en contribuciones es otro aspecto preocupante en este contexto, donde ha saltado de $63.000 millones en 2022 a $442.100 millones en 2025. Esta carga es especialmente significativa en las comunas con mayor índice de envejecimiento, que no solo deben enfrentar un incremento de la población adulta mayor, sino también una carga tributaria creciente que afecta su capacidad de proporcionar servicios básicos. Los desacoples entre el envejecimiento de la población, la calidad de vida y la presión fiscal se hacen cada vez más notorios, lo que exige una reevaluación de las políticas públicas en esta área.
El concepto de vivienda se ha transformado en un tema crucial dentro del debate sobre el bienestar de los pensionados y las políticas fiscales en el país. En este sentido, la vivienda debería ser considerada como un patrimonio familiar y no meramente como un activo generador de rentas, lo cual se relaciona intrínsecamente con la condición social de sus propietarios. En reconocimiento a la contribución social y fiscal de los pensionados, se propone la exención de las contribuciones sobre su hogar, una medida que podría aliviar la carga económica sobre esta población vulnerable y mejorar su calidad de vida.
Sin embargo, implementar esta exención no está exenta de desafíos. La modernización del impuesto y el diseño de compensaciones sostenibles para los gobiernos locales son fundamentales para garantizar que, si se acepta la medida, no se vea comprometido el financiamiento de los servicios municipales. Es importante que dicha compensación no represente más del 5% del FCM, una proporción que, aunque significativa, no necesariamente conduciría a una catástrofe para los servicios locales, siempre que se gestione adecuadamente.
Demetrio V. Benito O., asesor de la Comisión de Contribuciones de la Asociación de Municipalidades de Chile, destaca la urgencia de abordar estos temas con una visión amplia que contemple el avance del envejecimiento de la población, la calidad de vida de los ciudadanos y la sostenibilidad fiscal. La interrelación entre estos factores es clave para desarrollar políticas efectivas que aseguren el bienestar de todas las generaciones, especialmente de aquellos que dedicaron su vida al trabajo y ahora enfrentan un futuro incierto en sus años dorados.
