La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha lanzado recientemente una consulta pública respecto a una propuesta que busca expandir el ámbito de operaciones de los adquirentes, quienes tradicionalmente han estado limitados al procesamiento de tarjetas de pago. Esta nueva normativa incluye tres actividades complementarias: los servicios de iniciación de pagos, el desarrollo de sistemas de pago mediante transferencias electrónicas y la posibilidad de realizar pagos a proveedores utilizando los fondos provenientes de transacciones previas. La apertura de esta consulta, que estará disponible hasta el 9 de septiembre, marca un hito significativo para la industria de pagos en el país.
Según Juan Andrés Bravo, experto en la materia, esta propuesta representa un cambio paradigmático para los adquirentes, que han operado bajo un modelo de negocio enfocado en las tarjetas desde la década de los 80. La introducción de servicios de iniciación de pagos permitirá a los consumidores realizar compras a través de transferencias electrónicas directas desde sus cuentas bancarias, facilitando la experiencia de compra en diversos comercios. Esta evolución no solo beneficiará a los usuarios finales, sino que también podrá ser un aliciente para que los comercios mejoren su liquidez y optimicen sus procesos administrativos y contables.
La norma propuesta establece que los adquirentes podrán implementar sistemas de pago que integren transferencias electrónicas, tanto en puntos de venta físicos como a través de soluciones digitales. Es fundamental enfatizar que, aunque estos servicios están relacionados con las transferencias, tienen diferencias significativas. Por un lado, el servicio de iniciación de pagos permite al cliente iniciar la transacción desde su cuenta, mientras que el sistema de pago facilita que el comercio reciba esas transferencias de manera efectiva, sin que el adquirente retenga directamente los fondos.
Desde la perspetiva de los agentes del mercado, la iniciativa representa una oportunidad para modificar la estructura competitiva en la que operan los adquirentes. Carlos Molinero de Kushki subraya que esta actualización normativa permitirá una competencia más justa frente a entidades tradicionales vinculadas a bancos, asegurando que los adquirentes puedan ofrecer sus conocimientos en la prevención de fraudes y en la resolución de disputas. En este contexto, el desafío radica en cómo se estructurarán los costos asociados y cómo se repartirán entre los diversos actores del ecosistema de pagos.
Sin embargo, no todo es positivo, ya que también surgen preocupaciones sobre cómo se implementará esta normativa. Roberto Opazo de Khipu ha sugerido la necesidad de coordinar esta autorización con el Sistema de Finanzas Abiertas para asegurar que no haya jugadores que se beneficien desproporcionadamente antes de que haya condiciones equitativas en la industria. Además, se debe tener presente que la coexistencia de pagos por transferencia no implica necesariamente la eliminación de las tarjetas, que aún poseen características únicas como el crédito y beneficios adicionales. La CMF, por su parte, continúa receptando opiniones hasta el 9 de septiembre, antes de finalizar la normativa.
