La acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha entrado en una fase decisiva. La comisión revisora que examina esta denuncia empezó a tomar forma tras su constitución oficial en la sesión de la semana pasada, donde el diputado Raúl Soto del Partido por la Democracia (PPD) fue elegido como presidente. Esta preparación ha derivado en la preparación de una lista de invitados relevantes para la primera sesión formal de la comisión, programada para el próximo lunes a las 16:00 horas. Además de Rabat, se ha convocado a otros personajes claves como el exsubsecretario de Justicia, Luis Silva, y el actual encargado de Derechos Humanos del ministerio, Pablo Mira, lo que destaca la seriedad del proceso.
El contenido de la acusación se centra en la presunta responsabilidad política del ministro en la firma de decretos que habrían permitido la reducción de penas a 54 individuos condenados por abuso sexual infantil. Este hecho ha generado un intenso debate en el ámbito político, ya que se argumenta que estas decisiones no solo contravienen los tratados internacionales de protección de la infancia, como la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que también afectan la reciente ley de 2022 que excluye a los delitos sexuales de cualquier tipo de beneficio penitenciario.
En las últimas dos semanas, la oposición ha mantenido una serie de reuniones para consolidar la estructura de la acusación, que se dividirá en tres capítulos. El primero se enfoca en la liberación de condenados por delitos sexuales y las implicaciones que esto tiene sobre la protección infantil. Según la oposición, el ministro Rabat no solo ignoró la ley vigente, sino que además benefició injustamente a un grupo de reos implicados en delitos graves contra niños.
El segundo capítulo de la acusación pone la mirada en las rebajas de pena otorgadas a convictos por delitos de lesa humanidad. En este sentido, se argumenta que para calificar a estos prisioneros de beneficiarios, Rabat debió tomar en cuenta los criterios estipulados en el Estatuto de Roma, tales como la consciencia del daño causado y la cooperación con la justicia. La tensión política se intensifica, ya que estas decisiones son muy sensibles para la memoria histórica del país.
Finalmente, el tercer capítulo de la acusación sugiere que Fernando Rabat habría violado su deber de probidad al entregar información incorrecta al Congreso durante su intervención en una sesión especial de la Cámara. Este punto puede tener repercusiones significativas en su carrera política, puesto que el deber de transparencia y veracidad es fundamental en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Con la sesión del lunes en el horizonte, el desenlace de este proceso legislativo se anticipa cargado de implicaciones tanto para la administración del ministro como para la política en general.







