La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha tomado una decisión firme contra el Banco Santander y el Banco de Chile, imponiendo multas significativas por incumplir las normativas relacionadas con el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Estas sanciones se dan a conocer en un contexto donde la protección de los derechos de los niños y el cumplimiento de las obligaciones alimentarias son de suma importancia para la sociedad. Las multas suman 2.656,46 UF (aproximadamente $108 millones) para Banco Santander y 238,14 UF ($9,7 millones) para Banco de Chile, reflejando la seriedad de la infracción cometida por ambas entidades financieras.
La ley 14.908 es clara en exigir a las instituciones financieras realizar una consulta en el registro de deudores antes de otorgar créditos por montos que igualen o superen las 50 UF. Si el solicitante aparece como deudor, se les obliga a retener hasta el 50% del monto del crédito para asegurar que se cumplan las obligaciones alimentarias. Esta medida busca garantizar que los recursos destinados a créditos no se desvíen y puedan, en su totalidad, dirigirse a quienes realmente lo necesitan, en este caso, los menores de edad que dependen de estas pensiones.
En el caso del Banco Santander, la CMF identificó incumplimientos en un total de 27 operaciones de crédito realizadas entre mayo y octubre del año 2024. Por otro lado, el Banco de Chile fue hallado en falta en seis operaciones de crédito durante el mismo lapso. Esto evidenció una falta de control interno en ambas instituciones que no solo pone en riesgo la solvencia de sus clientes, sino que también afecta gravemente a los menores que dependen de los pagos de pensiones alimenticias.
Las sanciones impuestas por la CMF no solo representan una medida punitiva, sino también una llamada de atención a todo el sistema bancario sobre la importancia de cumplir con este tipo de regulaciones. La obligación de retener las pensiones alimenticias es una política que busca mitigar los efectos negativos del incumplimiento alimentario, y su implementación es esencial para garantizar la seguridad financiera de los menores afectados por estas decisiones.
La CMF ha reiterado su compromiso de velar por el cumplimiento de estas normativas, destacando que la regulación no solo busca sancionar, sino también educar y prevenir futuras irregularidades en el sector financiero. Esta situación representa una oportunidad para que los bancos revisen y fortalezcan sus procedimientos internos, asegurando que cumplan con las leyes diseñadas para proteger a los más vulnerables, como son los niños en situación de vulnerabilidad económica.
