En un giro inesperado en la disputa legal en torno a la plataforma de criptomonedas OrionX, los fundadores Roberto Zibert y Joaquín Díaz han tomado la ofensiva al presentar una querella por estafa y otros delitos en contra de su ex jefe de operaciones, Rodrigo Caravantes, así como contra cualquier persona que pudiera ser responsable por los presuntos fraudes cometidos dentro de la compañía. Esta acción se produce en medio de un contexto de tensiones crecientes, donde los ex ejecutivos acusan a la administración de Joel Vainstein de ejercer presiones ilegítimas para obligarles a vender sus acciones a un precio ostensiblemente bajo. Las acusaciones de Zibert y Díaz se fundamentan en pruebas que vinculan a Caravantes con fraudes significativos que habrían perjudicado gravemente la situación financiera de la empresa.
La situación se complica aún más cuando OrionX, una empresa que ha procesado más de 2.000 millones de dólares en transacciones desde su fundación, se encuentra bajo auditoría y escrutinio por parte de las autoridades. En una comunicación a sus clientes, la compañía anunció el cierre de operaciones y el inicio de un plan de restitución de activos, acción que Vainstein justifica como necesaria para proteger los intereses de los clientes e inversionistas. Sin embargo, Zibert y Díaz sostienen que este movimiento es parte de una estrategia más amplia de la administración para ocultar irregularidades y presionar a los accionistas a aceptar condiciones desfavorables para la venta de sus participaciones.
Los detalles de la querella presentada por los fundadores revelan el alcance de las presiones que, según ellos, han recibido de la administración de OrionX. Alegan que las ofertas para la compra de sus acciones fueron ridículamente bajas, representando solo un pequeño porcentaje del valor real basado en una reciente valoración que situaba la compañía mucho más alto. Por ejemplo, mientras la oferta inicial de Vainstein proponía un pago que equivalía a menos del 10% del valor de sus acciones, una oferta posterior llegó a ser aún más ofensiva, limitándose a apenas el 1,29% del valor real, lo cual fue descrito como una oferta «intimidatoria» en la querella.
Además de las ofertas inaceptables, Zibert y Díaz también han denunciado que la presión para aceptar estas condiciones se venía acompañada de amenazas de acciones legales que amenazaban con incriminarlos en un descalce del que se declaran inocentes. La naturaleza de estas acusaciones sugiere un juego de poder dentro de la empresa, donde las tensiones entre directivos y ex ejecutivos han florecido en un conflicto legal que podría tener implicaciones mucho más amplias para la reputación de OrionX y la confianza de sus inversores. Como resultado, el ambiente de negocios de la firma se ha convertido en un terreno volátil que genera dudas sobre su futura operatividad.
Por su parte, la administración de OrionX ha respondido a las acusaciones de Zibert y Díaz enfatizando su compromiso de esclarecer la situación y proteger los intereses de sus clientes. Según su versión, la salida de los accionistas demandados fue simplemente una medida de precaución para abordar problemas potenciales que podrían afectar a la empresa. En declaraciones a la prensa, la compañía también afirmó que colaboraría con las autoridades en la auditoría y que reservan el derecho de ejercer acciones legales para proteger sus propios intereses. No obstante, la confianza en OrionX podría verse deteriorada en la medida en que estas luchas internas continúen desenfrenándose en el ámbito público.
