Este martes, la Sala del Senado de Chile aprobó un proyecto de ley que busca perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa de extranjeros infractores de la ley. La nueva legislación otorgará mayores atribuciones a la Policía de Investigaciones (PDI), permitiendo que su personal pueda ingresar a inmuebles donde se encuentren extranjeros con órdenes de expulsión vigentes, siempre que se cuente con autorización judicial. Este cambio en el marco legal responde a la necesidad de hacer más eficientes los procesos de expulsión en un contexto de creciente preocupación por la migración irregular.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, expresó su satisfacción ante la aprobación de la ley, asegurando que «hoy día va a ser más fácil expulsar» a aquellos migrantes que se encuentren en situación irregular. Arrau destacó diversas medidas que permitirán actuar con mayor celeridad, como la posibilidad de notificar órdenes de expulsión a través del correo electrónico, así como la obligación de denunciar al Ministerio Público en casos donde existan indicios de delitos. En este contexto, el gobierno muestra su firmeza en la lucha contra la inmigración irregular, enfatizando la importancia de mantener un control efectivo sobre las fronteras.
Desde el Congreso, los parlamentarios oficialistas también manifestaron su apoyo a la normativa, con un marcado respaldo legislativo reflejado en los 37 votos favorables en el Senado. El senador Miguel Becker (RN) subrayó que la ley permitirá sacar del país a inmigrantes ilegales con mayor rapidez, manifestando la urgencia de actuar para evitar lo que él considera un «desastre» en Europa a causa de la inmigración descontrolada. Becker enfatizó que esta legislación es clave para abordar el problema migratorio que se ha incrementado a nivel mundial.
Otro de los senadores que respaldó la iniciativa, Andrés Longton, destacó que la reforma representa un avance importante en la agilización de expulsiones administrativas y en la facilitación del ingreso a domicilios bajo circunstancias específicas. Longton también aludió a la disminución del 80% en los ingresos por la frontera, pero enfatizó que, a pesar de esta baja, aún existe un alto número de migrantes irregulares que no han podido ser expulsados debido a dificultades legales previas. En este sentido, hizo un llamado a los tribunales de justicia para que colaboren en la ejecución de las expulsiones.
Finalmente, la aprobación de esta ley fue celebrada por miembros del Partido Republicano, como el diputado Alejandro Riquelme, quien destacó la necesidad de aplicar expulsiones rápidas para extranjeros involucrados en actividades delictivas. Riquelme enfatizó que si se cumplen los requisitos legales, las expulsiones deben llevarse a cabo de manera efectiva. El diputado Fabián Ossandón, por su parte, opinó que la ley representa un avance en la lucha contra quienes utilizan el país para delinquir y socavar la seguridad nacional. Con esta nueva herramienta legal, el gobierno chileno espera enfrentar de manera más eficiente los desafíos que plantea la inmigración irregular en el país.
