El abogado Andrés Balart, en representación de un grupo de aportantes de los fondos de Sartor AGF, ha presentado este miércoles una ampliación de la querella en contra de Sergio Yáñez y la sociedad de inversiones La Araucana ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Esta acción surge en el contexto de la investigación que el Ministerio Público lleva a cabo y señala delitos graves como negociación incompatible, apropiación indebida y lavado de activos. Según el abogado, los nuevos antecedentes recopilados evidencian irregularidades que no se conocían al momento de interponer la querella inicial.
En esta expansión de la denuncia, se hace énfasis en el uso indebido de los fondos que pertenecen a los querellantes. Se sostiene que no solo fueron utilizados para cubrir sueldos millonarios de empresas asociadas a Sartor Administradora General de Fondos S.A., sino que además, estos recursos fueron trasladados inapropiadamente a la sociedad La Araucana. Este hecho agrava las acusaciones contra Yáñez, quien se identifica como beneficiario final de esos fondos, según el escrito presentado ante el tribunal.
El documento detalla la situación de Sergio Yáñez Astete, quien posee un 15% de las acciones de Inversiones FyG SpA, que a su vez tiene un 8,02% del grupo inmobiliario La Araucana. La querella resalta su rol activo dentro de Emprender Capital Servicios Financieros SpA, donde fue presidente del directorio hasta 2024, lo que refuerza las sospechas sobre su conocimiento respecto al manejo y destino de los fondos de los inversionistas que prometían ser restituídos. Este contexto podría posicionar a Yáñez como un actor clave en las maniobras ilegales que se están investigando.
Un aspecto crucial que se menciona en la ampliación de la querella es el Memo de Aprobación de Crédito de 2021, que detalla una prórroga en el financiamiento de La Araucana por parte de Emprender Capital. Este documento revela que los proyectos de La Araucana ya mostraban signos de problemas financieros serios, lo que llevó a la necesidad de comprometer nuevos pagos de diferentes proyectos. Así, se pone de manifiesto la falta de liquidez de la sociedad y la complicidad de Yáñez en este proceso.
De acuerdo a los argumentos presentados, Yáñez Astete tenía la responsabilidad y poder suficiente para influir en estas operaciones financieras, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad de sus acciones. La querella concluye que los dineros que deberían haber retornado a los querellantes fueron malversados y que dichos fondos no estaban disponibles al momento de solicitar su rescate a finales de 2024. Actualmente, la formalización de cargos está en marcha contra 11 imputados, donde la Fiscalía ha solicitado prisión preventiva para varios de ellos, incluyendo a Yáñez.
