La Audiencia Provincial de Madrid ha tomado una decisión significativa al levantar las medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez, quien es la esposa del actual presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. La anulación de estas medidas implica que Gómez podrá recuperar su pasaporte, viajar al extranjero y no estará obligada a firmar periódicamente en sede judicial. Sin embargo, a pesar de este levantamiento de restricciones, el tribunal ha confirmado la decisión de enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado popular, lo que indica que las acusaciones en su contra aún no han sido desestimadas.
El tribunal ha decidido mantener el juicio con jurado popular contra Begoña Gómez pero solo en relación a los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. En un giro importante, la Audiencia ha decidido archivar otros dos cargos más graves que originalmente se le imputaban, a saber, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Esta acción sugiere que los magistrados encontraban insuficientes las pruebas presentadas por el juez para estos últimos cargos, reduciendo así la gravedad de la situación jurídica de Gómez.
En lo que respecta a Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, la Audiencia también ha mantenido su procesamiento por malversación, pero solamente en relación al desvío de un software vinculado a la cátedra que Gómez co-dirigió en la Universidad Complutense de Madrid. Esto confirma que la investigación se centra únicamente en ciertas áreas de malversación, mientras que los otros delitos que se le atribuían han sido desestimados. La decisión indica un enfoque más limitado y específico en cuanto a los cargos presentados contra Álvarez.
Asimismo, la Audiencia ha decidido excluir del juicio al empresario Juan Carlos Barrabés, quien era el tercer imputado en esta causa. En su lugar, el tribunal ha determinado que se debe continuar con la investigación respecto a la legalidad de las adjudicaciones de contratos públicos relacionadas con Barrabés, dejando la puerta abierta a posibles acciones futuras si se encuentran más indicios de irregularidades.
La Audiencia Provincial de Madrid ha argumentado que existen ‘indicios’ que sugieren que Begoña Gómez pudo haber ejercido influencias desde su posición como esposa del presidente del Gobierno para favorecer la creación de la cátedra y facilitar la intervención de Barrabés. Sin embargo, enfatizan que la apropiación indebida y la administración desleal no son aplicables en este caso, ya que se refieren a patrimonios privados y no involucran a funcionarios públicos. Así, los magistrados parecen haber encontrado un balance al mantener ciertos cargos, mientras que excluyen otros, reflejando un análisis cuidadoso de las evidencias presentadas en el proceso.
