En un giro significativo en la política económica estadounidense, la Corte Suprema falló en febrero de este año que la *International Emergency Economic Powers Act* no otorgaba la autoridad presidencial necesaria para imponer aranceles a la mayoría de las importaciones. Este dictamen retó las acciones del ex presidente Donald Trump, quien había basado sus decisiones en esta ley de 1977, señalando que los gravámenes eran contradictorios a lo que la normativa permitía. Este fallo representa un refuerzo del principio de separación de poderes, recordando que las atribuciones en materia arancelaria suelen estar bajo el control del Congreso, lo que establece un precedente importante en el equilibrio entre las ramas del gobierno.
El fallo no solo es un triunfo legal sino que subraya la importancia de la legalidad en la implementación de políticas económicas. La Corte examinó detenidamente si las delegaciones de poder al Ejecutivo existían en el contexto de los aranceles impuestos, concluyendo que no. Esto plantea un debate esencial sobre la legitimidad de los medios utilizados para alcanzar objetivos económicos, destacando que en un Estado de Derecho, los fines no justifican los medios. A medida que avanza el tiempo, es necesario reconocer que la certeza jurídica es fundamental para la planificación y la confianza empresarial.
La repercusión económica del fallo fue considerable, obligando al gobierno a devolver más de 166 mil millones de dólares recaudados por aranceles que ya habían sido anulados. Este impacto tocó directamente a miles de empresas que se vieron obligadas a ajustar sus precios y costos operativos, además de afectar a los consumidores finales. El caos generado por estos aranceles subraya cómo decisiones erróneas pueden desencadenar una cadena de inconvenientes, afectando no solo a los exportadores, sino también a las cadenas de suministro y al consumo general en la economía.
A pesar del fallo, el debate sobre la política comercial estadounidense no llegó a su fin. En respuesta, el Gobierno ha comenzado a considerar nuevas herramientas para implementar una política comercial más restrictiva, con el anuncio reciente de un arancel del 25% sobre automóviles y camiones fabricados en la Unión Europea. Esta situación ha abierto la puerta a potenciales conflictos internacionales que amenazan con complicar aún más la dinámica del comercio global y desencadenar una ola de represalias comerciales.
Desde la perspectiva de Chile, este contexto internacional de incertidumbre constituye una oportunidad para reforzar la certeza y la confianza en nuestras relaciones comerciales internacionales. Aunque no somos actores que definan las reglas del comercio global, podemos afirmarnos como socios confiables, manteniendo el respeto por los acuerdos y fortaleciendo la seriedad institucional. En conclusión, el respeto al Estado de Derecho no solo es un principio fundamental, sino que se convierte en una clara ventaja competitiva en un mundo donde la estabilidad y el cumplimiento normativo son más valiosos que nunca.
