La civilización humana se fundamenta en la capacidad de renunciar a la fuerza, reemplazándola por un conjunto de reglas que rigen la convivencia. Este concepto está intrínsecamente ligado a nuestro marco jurídico, reflejado en la Constitución Política de Chile que establece que «en Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre». Este aforismo legal es un claro recordatorio de la dignidad humana y de la prohibición de la opresión. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta norma ha comenzado a perder su claridad y solidez, justo en un periodo donde el respeto por la ley y la convivencia pacífica se han visto desafiados por un aumento en las acciones violentas y la deslegitimación del diálogo institucional.
El estallido social en octubre de 2019 marcó un hito en la historia reciente de Chile, cuando diversas voces comenzaron a justificar la violencia como una respuesta necesaria a las injusticias percibidas. Esta apariencia de lucha legítima ha llevado a un panorama en el que la democracia y sus reglas son vistas como meras formalidades que deben ser ignoradas en nombre de una noción personal de justicia. La idea de que la violencia puede ser un medio válido para alcanzar cambios urgentes ha permeado en varios sectores de la sociedad, lo que desdibuja el respeto que históricamente hemos otorgado a las normas que garantizan nuestra convivencia pacífica.
En este contexto, se ha creado un clima de linchamiento público, donde la crítica se torna agresiva y las conductas son valoradas con dureza, generando un ambiente tóxico y polarizado. La reciente controversia en torno a la rentabilidad de los fondos previsionales destaca esta tendencia, donde no se hace distinción entre la crítica legítima a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la estigmatización de sus directores. La discusión se vuelve difusa al reclamar sanciones que pueden ir más allá del ámbito legal, alimentando un círculo vicioso de persecución y juicio público que socava los pilares del estado de derecho.
Es crucial entender que las autoridades políticas, a pesar de su rol de representación y derecho a la libertad de expresión, están limitadas por las normas que regulan su actuar. La actuación de los funcionarios públicos debe estar enmarcada dentro del respeto a la ley. Sin embargo, hemos observado en varias ocasiones cómo los órganos del Estado, como el Congreso, han cruzado líneas al juzgar no solo los actos de gobierno, sino a ciudadanos individuales, desvirtuando su función investigadora y fomentando un ambiente de vigilancia social que deslegitima el proceso democrático.
Para construir una sociedad justa, es esencial que se reconozca y respete el marco institucional. No se puede hacer ‘cherry picking’ con las normas, seleccionando cuáles se aplican y cuáles no dependiendo de la conveniencia del momento. Es necesario fomentar una cultura de justicia donde las instituciones prevalezcan sobre los justicieros. Solo así será posible avanzar hacia una convivencia democrática que valore el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos, sin doblegarse ante la tentación de la violencia y el linchamiento social.
