En medio de un creciente escándalo político, el gobierno ha intentado oscurecer los hechos alrededor de las rebajas de penas para condenados por delitos sexuales, que se han hecho públicas a través de diversos medios de comunicación. En este contexto, es importante aclarar que los presos tienen el derecho de solicitar una reducción de sus penas por buena conducta, en un proceso que involucra la evaluación de Gendarmería, una comisión pertinente y la firma del ministro de Justicia. A pesar de este procedimiento, el gobierno de Piñera optó por negar este derecho a quienes habían sido condenados por delitos de abuso sexual contra menores, estableciendo desde 2022 una ley que institucionalizaba dicha excepción. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado con la llegada del nuevo ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien, en mayo de 2026, decidió conceder 56 rebajas de penas a criminales sexuales, lo que generó un gran revuelo en la sociedad.
Los hechos son indiscutibles, pero lo que ha seguido a esta decisión es un claro intento de encubrimiento por parte del gobierno. La situación se agravó cuando el portavoz del ejecutivo, Gonzalo Arenas, defendió a capa y espada la legalidad del procedimiento, restando importancia a las críticas que surgían desde diferentes sectores. Afirmó que todo había sido «impecable» y que cualquier objeción era malintencionada, mientras que el gobierno intentó confundir a la opinión pública al intentar equiparar las rebajas de pena otorgadas bajo Rabat con las decisiones de la Corte Suprema durante el gobierno anterior. Esta estrategia de desinformación fue rápidamente desmantelada por la realidad, cuando se conocieron los detalles de los casos de los beneficiados, muchos de ellos con antecedentes extremadamente preocupantes.
En su defensa, el ministro Rabat aseguró que su actuación estaba alineada con una supuesta doctrina de la Corte Suprema, argumentando que no se podía aplicar una ley de forma retroactiva para perjudicar a los condenados. Sin embargo, esta afirmación fue desmentida por la presidenta de la Corte Suprema, quien subrayó que cada caso se analizaba de manera individual, desmarcándose de la responsabilidad de las decisiones del Ministro. Esto puso de manifiesto la falta de coherencia en la versión oficial del gobierno, que se desmoronaba a medida que se presentaban más evidencias contradictorias y testimonios que cuestionaban la validez de las justificaciones proporcionadas.
El colapso de la narrativa oficial se acentuó cuando el mismo lunes Rabat anunció que se suspendía la firma de nuevas rebajas de pena, tras haber argumentado la noche anterior que estaba obligado a firmar dichos decretos. Este abrupto cambio de postura generó indignación entre parlamentarios del oficialismo, que comenzaron a distanciarse de la versión oficial al darse cuenta de la falta de transparencia y la mala gestión del asunto. La situación se complicó aún más al salir a la luz las profundas divisiones dentro del propio gabinete, donde las acusaciones cruzadas comenzaron a agravar la crisis y a poner en tela de juicio la competencia del gobierno para gestionar una crisis que ya era insostenible.
El caso ha dejado claro que el encubrimiento y la negación han sido el modus operandi del gobierno, lo que ha llevado a una pérdida de confianza no solo en sus instituciones, sino también en la empatía hacia las víctimas de estos delitos. Las disculpas deben ser dirigidas a quienes verdaderamente han sufrido la violencia del abuso, y no solo a aquellos que se sienten amenazados por las consecuencias políticas. Este escándalo no solo afecta al Ministerio de Justicia, sino que ahora se extiende al corazón del poder de La Moneda, donde se han tejido narrativas de negación y justificación que han profundizado aún más la crisis. La frase de Watergate «No es el crimen, es el encubrimiento» resuena con fuerza, pues lo que comenzó como un error gestionable ha desembocado en un desastre político sin precedentes.
