La Corte de Apelaciones de Santiago llevó a cabo una decisión unánime que marcó un punto final en el intento del conservador del Registro de Propiedad, Comercio y Aguas, Luis Maldonado, de influir en la sucesión de su cargo. Maldonado, quien se verá forzado a jubilar el 2 de octubre, había presentado una solicitud de aclaración al pleno del tribunal en un intento de determinar quién podría reemplazarlo como interino. Sin embargo, los ministros del tribunal desestimaron su petición, lo que abre las puertas para que Carlos Miranda, el conservador del Registro de Hipotecas y Gravámenes, asuma de manera interina.
La solicitud de Maldonado no era simplemente un trámite administrativo; contenía una interpretación clave del Código Orgánico de Tribunales que podría haberle permitido controlar la designación de sus sucesores. En el centro del debate estaba la aplicación de la regla general del 402 y 402 bis frente a la norma especial del artículo 449, destinada al Conservador de Santiago. Para Maldonado, la resolución de este dilema tenía implicaciones significativas, pues definía no solo su legado, sino también la continuidad de su influencia en un cargo considerado como uno de los más lucrativos en el sistema judicial chileno.
El contexto de esta situación es crucial, ya que Maldonado ha supervisado un oficio que, según informes no oficiales, genera utilidades mensuales que rondan los $100 millones. Sin embargo, a medida que se acercaba su jubilación, sus maniobras para asegurar que su legado perdurara en manos afines se tornaron cada vez más transparentes. El hecho de que el tribunal rechazara su solicitud indica no solo un término en su gestión, sino también un cambio en la dinámica del poder dentro de la estructura judicial, en la que las decisiones del Ministerio de Justicia tendrán un papel preponderante en los nombramientos.
Al desestimar la solicitud de Maldonado, la Corte se apoyó en un informe redactado por el ministro Rodrigo Schnettler, que argumentó que desde el 2 de abril de 2026, los nombramientos de suplentes e interinos ya no son competencia de la corte. Esta determinación resalta una clara línea divisoria respecto a los poderes establecidos en la administración del Registro, y deja en evidencia que las influencias de Maldonado, aunque amplias, ya no son suficientes para alterar el curso de su salida. Así, el camino queda despejado para que el más antiguo de los conservadores, Carlos Miranda, se convierta en el nuevo interino.
Con esta decisión, se cierra un capítulo sobre la prolongada carrera de Luis Maldonado al frente del Registro de Propiedad, Comercio y Aguas en Santiago. Queda por verse cómo se desarrollarán los acontecimientos a medida que el poder judicial sigue transformándose, y si los cambios en la gestión del registro traerán consigo una mayor transparencia y eficiencia en a administración pública. Para muchos observadores, este episodio es un reflejo de la lucha interna por el control de una de las posiciones más codiciadas en el ámbito judicial chileno, y el impacto que estas decisiones pueden tener en el sistema legal del país.
