El Gobierno de José Antonio Kast ha presentado su propuesta para la Ley de Presupuestos 2027 al Congreso, destacando un aumento del gasto fiscal del 1,5% en comparación al año anterior. Este plan está enfocado en la seguridad, el empleo y la continuidad de los beneficios sociales, en respuesta a una situación económica que ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer estos pilares. La iniciativa, que marca un cambio en la dirección de la política fiscal del país, se presenta en un contexto donde el Ejecutivo busca recuperar la confianza de la ciudadanía y hacer frente a los crecientes índices de desempleo.
El proyecto presupuestario de este año se articula en torno a cuatro ejes principales: crecimiento y reconstrucción, seguridad, protección de niños vulnerables y la continuidad de beneficios sociales. Para el crecimiento y empleo, se prevé destinar $9,5 billones, lo que representa un crecimiento del 8,1% para financiar la realización de 241 obras públicas y acelerar su inicio. Además, se contempla una inversión significativa para zonas afectadas por catástrofes y la entrega de subsidios habitacionales, una medida que busca mejorar las condiciones de vida de las familias chilenas.
En materia de seguridad, el Gobierno ha propuesto asignar $7 billones, un aumento del 9,1% respecto al año anterior. Esta inversión permitirá la creación de mil nuevos cupos para Carabineros, la formación de más de 3.200 alumnos, y la construcción de cinco nuevos cuarteles. También se prevé un incremento de recursos para la Policía de Investigaciones y Gendarmería. Estas medidas son esenciales para combatir la delincuencia y mejorar la percepción de seguridad en la ciudadanía, un tema que se ha vuelto crucial en el debate público.
La protección de niños vulnerables ocupa un lugar importante en esta propuesta, que destinará $2,5 billones a programas de prevención y rehabilitación de víctimas de abuso. El Presidente Kast enfatizó que es fundamental que el Estado no deje a los niños en listas de espera para recibir asistencia, señalando que se debe priorizar su bienestar. Además, se planea que la Pensión Garantizada Universal cuente con $7 billones para beneficiar a más de 2,2 millones de personas, mientras que los sectores de educación y salud recibirán aumentos significativos en sus respectivos presupuestos.
El Gobierno también ha implementado medidas de control del gasto que buscan asegurar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Estas incluyen revisiones de programas y una estricta evaluación de los resultados obtenidos por cada ministerio. Con un plazo de 60 días para la discusión en el Congreso, Kast ha solicitado un debate constructivo, enfatizando la importancia de trabajar juntos ante la necesidad de atender las demandas sociales del país. El camino a seguir dependerá de la colaboración entre el Ejecutivo y el Parlamento para lograr un presupuesto que responda a las necesidades reales de la población.
