El caso de Gustavo Gatica ha generado un interés significativo a nivel nacional e internacional, especialmente tras la remisión del escrito por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) a la Corte de Apelaciones de Santiago. Este documento, conocido como «téngase presente», reitera la necesidad de considerar los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas policiales, un aspecto crucial dado el contexto de fuerte represión que acompaña las manifestaciones en Chile desde el estallido social en 2019. La manifestación de la ONU señala la importancia de garantizar que las decisiones judiciales respeten los derechos fundamentales de las personas en situaciones de protesta.
La revisión del recurso de nulidad presentado por la Fiscalía Centro Norte se realizó en un ambiente de gran expectativa, dado que el tribunal debía decidir si revocaría la absolución del exteniente de Carabineros Claudio Crespo. A pesar de que el tribunal admitió que fuese Crespo quien disparó los perdigones que dejaron ciego a Gatica, argumentó que su actuación estaba justificada dentro del marco legal, lo que desata inquietudes sobre la interpretación de la ley y la protección de los derechos humanos en la gestión de protestas. Este enfoque ha sido criticado por diversos sectores que consideran que, ante circunstancias de alta tensión social, la aplicación de la fuerza debería ser revisada con un lente más crítico y humano.
La fiscal Ximena Chong y el abogado Pablo Norambuena, en representación de Gatica, argumentaron de manera vehemente durante la vista del recurso, exigiendo justicia ante lo que consideran un claro ejemplo de abuso de poder y falta de accountability en el uso de la fuerza policial. La presencia de organismos como el INDH, que también intervinieron en la audiencia, resalta el interés de las instituciones chilenas en asegurar que se cumplan los estándares internacionales de derechos humanos. La diversidad de voces en la sala reflejó la complejidad del caso y la urgente necesidad de una justicia que responda a las demandas sociales contemporáneas.
Cabe resaltar que el escrito de la ONU fue presentado un día antes de la audiencia, lo que asegura que el tribunal contara con esta perspectiva crítica en sus deliberaciones. La representante de la Acnudh, Paula Berrutti, enfatizó la importancia de que las autoridades judiciales consideren las normativas internacionales sobre el uso de la fuerza. Este tipo de intervenciones internacionales, aunque no vinculantes, buscan influir en el ámbito nacional y reiterar el compromiso de Chile frente a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La resolución de la Corte, que se comunicará el próximo 3 de agosto, se anticipa como un momento decisivo para el caso y para la credibilidad del sistema judicial chileno.
Finalmente, la comunidad civil y las organizaciones de derechos humanos están a la espera del fallo de la Corte de Apelaciones, que no solo impactará en la vida de Gustavo Gatica, sino que también enviará un mensaje claro sobre el tratamiento que las autoridades judiciales dan a los casos de violencia policial en el país. La sentencia tendrá implicaciones más allá de este caso específico, ya que podría establecer precedentes sobre la responsabilidad de las fuerzas del orden y la legislación en torno al uso de la fuerza en contextos de protesta. La sociedad sigue atenta a cómo las instituciones responden a los llamados por justicia y a la participación de la comunidad internacional en la defensa de los derechos humanos.
