El El **Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social**, impulsado por el Ejecutivo, avanza en su tramitación parlamentaria, encontrándose actualmente en el **segundo trámite constitucional** en el Senado. Esta reforma es vista como una medida crítica para la reactivación económica del país, que ha sido severamente afectada por diversos desastres y la crisis económica post-pandemia. La iniciativa incluye un conjunto de incentivos tributarios y medidas de apoyo dirigidas a familias vulnerables, lo que ha despertado expectativas sobre su posible impacto en el mercado y el bienestar general de la población.
Uno de los puntos más destacados de la propuesta es la **exención transitoria del IVA para la compra de viviendas nuevas**, lo que podría facilitar el acceso a la vivienda para muchas familias, especialmente aquellas que han sufrido pérdidas debido a incendios devastadores en regiones como **Valparaíso, Ñuble y Biobío**. Además, el proyecto contempla el financiamiento de más de **4,000 viviendas** que se asignarán prioritariamente a las familias damnificadas por estos siniestros, buscando atender de forma inmediata sus necesidades habitacionales.
En un esfuerzo por equilibrar el apoyo a los sectores más vulnerables, el proyecto también incluye la **exención del pago de contribuciones para personas mayores de 65 años** que residan en su primera vivienda. Este punto ha generado controversia en el debate, siendo cuestionado por algunos sectores que argumentan que podría afectar a los municipios al disminuir sus ingresos. Sin embargo, el Ejecutivo defiende esta medida como un paso esencial para asegurar que los ancianos no se vean presionados económicamente en el último tramo de sus vidas.
Desde una perspectiva más amplia en el ámbito económico, la reforma plantea una **reducción gradual del impuesto de primera categoría** del 27% al 23%, además de incentivos significativos para la formalización del empleo. Adicionalmente, se proponen medidas para agilizar la obtención de permisos sectoriales, y se establece una **invariabilidad tributaria por 25 años** para inversiones superiores a **US$50 millones**. Estas decisiones buscan no solo atraer inversión extranjera, sino también proporcionar seguridad jurídica a los inversionistas locales, fundamentales para la reactivación y el crecimiento sostenido.
El proceso legislativo ha sido intenso, con la aprobación general por parte de la **Cámara de Diputados en mayo de 2026** y su posterior avance en el Senado tras recibir el visto bueno en junio. Con la discusión programada para este miércoles, se espera un debate acalorado, donde cada senador contará con 10 minutos para expresarse. La senadora Balladares, presidenta de RN, se muestra optimista respecto a su aprobación, mientras que la oposición se prepara para argumentar en contra de ciertos artículos, reflejando la polarización y la alta relevancia de esta reforma dentro de la agenda política actual.
