En los últimos años, la violencia en los establecimientos educacionales se ha convertido en una preocupación alarmante para la comunidad educativa en Chile. La ministra de Educación ha destacado que en 2025 se reportaron más de 40 delitos diarios en colegios, una cifra que no solo refleja un problema de seguridad, sino un desafío que impacta directamente en la calidad de la educación. Los docentes, que son testigos y víctimas de esta realidad, enfrentan insultos y agresiones físicas, generando un clima de desconfianza y desánimo que afecta el aprendizaje de sus alumnos. En este contexto, la reciente aprobación de la Ley de Escuelas Protegidas se presenta como un paso necesario hacia la estabilización de los entornos escolares.
A pesar de las críticas que ha recibido esta ley por considerarla punitiva y por supuestamente vulnerar los derechos de los estudiantes, los educadores consideran fundamental establecer medidas que aseguren un ambiente seguro para todos. La realidad es que el derecho a la educación debe ser garantizado no solo a quienes son víctimas del acoso, sino también a aquellos que, por miedo, se sienten incapaces de ejercer su autoridad docente. Los profesores deben poder ejercer su labor sin temor a represalias legales o físicas, y esto implica que se deben establecer consecuencias efectivas para quienes actúan de manera violenta en las aulas.
La intervención del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucionales cuatro disposiciones del proyecto de ley, ha suscitado un debate sobre la regulación del comportamiento dentro de los colegios. Aunque la Asociación de Educadores de Chile acata estas decisiones, resalta la importancia de que no todo debe estar sujeto a la legislación; existen herramientas formativas que deben ser utilizadas como guías en lugar de imponer un marco puramente sancionador. La independencia profesional de los educadores es crucial para crear un entorno donde la enseñanza pueda desarrollarse sin interrupciones.
En la ley se ha mantenido aspectos fundamentales como la capacidad de revisar mochilas y pertenencias, así como la prohibición de elementos que impidan la identificación facial dentro de los colegios. Estos puntos son vistos como avances significativos que buscan fortalecer la autoridad pedagógica y mejorar la seguridad dentro de las aulas. Sin embargo, la lucha contra la violencia en las escuelas no debe cesar; es esencial continuar trabajando en otras medidas que fomenten la convivencia pacífica, así como brindar apoyo emocional y académico a todos los estudiantes.
José Luis Velasco Guzmán, presidente de la Asociación de Educadores de Chile, ha enfatizado que la defensa de un entorno escolar seguro es un compromiso colectivo. A medida que se implementen las modificaciones de la Ley de Escuelas Protegidas, es vital que todos los actores de la comunidad educativa colaboren en la erradicación de la violencia y el fortalecimiento de un entorno propicio para el aprendizaje. La educación es un derecho fundamental que debe ser protegido, y solo a través de un trabajo conjunto se podrá garantizar que cada estudiante tenga la oportunidad de aprender en un ambiente seguro y acogedor.
