El Gobierno chileno presentó al Congreso, este miércoles, un conjunto de tres vetos a la controvertida Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, buscando eliminar artículos que, según argumenta, afectarían negativamente al sistema financiero y a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Estos artículos son el 32, que se refiere a la prohibición del anatocismo; el 39, relacionado con el olvido financiero; y el 40, que establece el pago a 30 días para los proveedores de pymes. El veto ha sido firmado por el Presidente José Antonio Kast y el Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien insiste en que aunque las propuestas parecen atractivas, sus consecuencias podrían resultar perjudiciales para la economía y el acceso al crédito en el país.
En cuanto a la eliminación del anatocismo, el Ejecutivo señala que una prohibición total de este cobro de intereses sobre intereses incrementaría el costo del crédito y, por ende, exacerbaría la exclusión financiera para muchos ciudadanos que dependen de financiamientos. La propuesta de terminar con el anatocismo ha sido cuestionada por expertos y reguladores, quienes advierten que su eliminación podría llevar a un ajustado acceso al financiamiento y a condiciones que perjudican a los prestatarios con menor capacidad económica.
El segundo veto al olvido financiero, que prevé el borrado de deudas del registro tras cierto tiempo, también ha suscitado una oleada de críticas. El Gobierno defiende su posición al afirmar que este aspecto ya se encuentra regulado por el Registro de Deuda Consolidada, sugiriendo que no es necesario establecer una normativa separada que podría confundir el manejo de las deudas en el mercado. Las autoridades subrayan que mantener un registro adecuado de las deudas es vital para la salud del sistema financiero.
Por último, el veto a la obligatoriedad del pago a 30 días para las pymes se argumenta desde la perspectiva de los proveedores, que podrían quedar en una situación vulnerable sin un financiamiento oportuno. Hacienda sostiene que esta norma, si se aplicara de manera rígida, podría obligar a pequeños empresarios a operar bajo condiciones desfavorables, afectando su flujo de caja. Esta afirmación contrasta con la intención original de la norma, que busca proteger a las pequeñas empresas y garantizarles pagos en tiempos razonables.
El proceso legislativo que se inicia ahora es crucial. Los vetos supresivos no eliminan la ley en su totalidad, pero permiten al presidente cuestionar y buscar la revisión de ciertos artículos ya aprobados por el Congreso. La votación se realizará primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, donde una mayoría simple será suficiente para aceptar o rechazar los vetos. Sin embargo, si la oposición desea mantener las disposiciones originales, deberá conseguir dos tercios de los votos para insistir. La aritmética en el Congreso favorece al Gobierno, lo que podría complicar la tarea de quienes buscan defender las normas eliminadas.
