El caso de la **trama bielorrusa** continúa generando repercusiones en el ámbito político chileno. Gabriel Silber, exdiputado formalizado por soborno y lavado de activos, ha solicitado la suspensión temporal de su arresto domiciliario para declarar ante el **OS7**, la unidad especializada en delitos económicos y corrupción de Carabineros. Esta solicitud fue presentada por su abogada, **Susana Borzutzky**, quien argumenta que su cliente necesita comparecer el próximo 27 de octubre en el marco de las investigaciones que se están llevando a cabo.
Desde el 22 de septiembre, Silber se encuentra bajo arresto domiciliario total, medida dispuesta por el **7° Juzgado de Garantía de Santiago**. Dicha decisión fue aceptada por su defensa, después de un acuerdo alcanzado con el Ministerio Público y las partes querellantes, que incluyen a Codelco y al Consejo de Defensa del Estado (CDE). La continuidad de su arresto ha suscitado debates sobre la naturaleza de las acusaciones en su contra y el impacto que estas podrían tener en su carrera política y su reputación.
La citación para que Silber declare fue realizada por el fiscal **Hernán Libedinsky**, quien a cargo de la arista política del caso que se abrió en agosto de 2025. Esta fase del proceso investiga las conexiones políticas y financieras que podrían haber facilitado los actos delictivos denunciados. La declaración del exdiputado será fundamental para esclarecer algunos aspectos de la red de corrupción que se investiga, elevando la atención sobre un caso que involucra a figuras del sistema político chileno.
En un giro inesperado dentro del caso, **Eduardo Lagos**, abogado y asociado de Silber, ha acusado a la senadora **Loreto Carvajal (PPD)** de recibir una suma millonaria, equivalente a $300 millones, a cambio de presionar por el nombramiento de **Yamil Najle** en el Conservador de Bienes Raíces de Chillán. Este señalamiento ha exacerbado las tensiones en el partido y ha generado interrogantes sobre la transparencia de las decisiones políticas en Chile, especialmente en torno a nombramientos clave en instituciones públicas.
La situación de **Yamil Najle**, quien también está imputado en la trama, ha añadido un nivel de complejidad al caso al enfrentarse a acusaciones de haber realizado un manejo desleal de fondos, incluyendo la triangulación de $25 millones a través de su cuenta bancaria. Además, recientemente el **Tribunal Constitucional** rechazó un recurso presentado por Najle en contra de un proceso de remoción en su contra. Así, la trama bielorrusa se convierte en un fenómeno que sigue revelando la interconexión entre el crimen, la política y la justicia en Chile, con implicaciones que podrían extenderse a más actores en el escenario público del país.
