Los sindicatos N°1 y N°2 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) han expresado su rotundo rechazo a las propuestas que se están considerando para enfrentar una posible responsabilidad económica derivada de una condena reciente. En julio de 2025, la Corte de Apelaciones dictó una sentencia en contra del CBRS, ordenando el pago de aproximadamente $335 millones por la eliminación de la inscripción de dominio de un inmueble. A pesar de esta condena, el caso aún está pendiente de resolución definitiva, ya que el conservador de Santiago, Luis Maldonado, ha presentado un recurso de casación ante la Corte Suprema, lo cual retrasa aún más la situación financiera del CBRS.
Con el objetivo de prepararse para la eventual obligación de pago, internamente se ha discutido la posibilidad de acceder a un crédito bancario anticipado. Sin embargo, esta propuesta ha alarmado a los sindicatos, quienes temen que el repago del crédito recaiga sobre los ingresos destinados a las remuneraciones de los trabajadores, específicamente el 77% de los ingresos líquidos. Este porcentaje es fundamental dentro del sistema de remuneraciones del conservador y cualquier uso de estos fondos podría comprometer la estabilidad financiera de los empleados que dependen de ellos.
En una carta formal, los sindicatos manifestaron su disconformidad y oposición a la idea de financiar los gastos de la condena a través de un crédito que costearía parte de los salarios de los trabajadores. Argumentan que, dado que el juicio aún no tiene una resolución definitiva, no se puede anticipar el uso de recursos que, según el contrato colectivo, solo pueden ser afectados por pagos de litigios una vez que exista una sentencia firme y cuando se determine qué costo no estaría cubierto por el seguro de responsabilidad civil del CBRS.
Los sindicatos también insisten en que cualquier intento de comprometer esos ingresos para cubrir deudas litigiosas es inaceptable y contrario a lo establecido en su contrato colectivo. De acuerdo a ellos, esta situación no solamente representa un riesgo legal y económico, sino que además podría resultar en una reducción en las remuneraciones de los trabajadores, poniendo en peligro su bienestar económico. «El hecho de que los trabajadores carguen con las consecuencias de un litigio aún no resuelto es inaceptable», expresaron.
Finalmente, la acometida de los sindicatos llega en un momento crucial, ya que se acerca la salida de Luis Maldonado, quien dejará su cargo debido a la aplicación del límite de edad establecido por la reforma al sistema notarial el próximo 2 de octubre. Esta coyuntura añade una capa de tensión a la ya compleja situación financiera del CBRS, y pone de relieve la necesidad de una gestión responsable que no comprometa los derechos y bienestar de los trabajadores involucrados.
