La comparación entre los eventos temporales de agosto de 2024 y julio de 2026 ha revelado una notable evolución en la capacidad de respuesta del sistema eléctrico chileno, marcando una tendencia hacia una mayor resiliencia. En agosto de 2024, un total de 1,24 millones de clientes se quedaron sin suministro, con un tiempo de reposición que se extendió en algunos casos hasta 20 días en la Región Metropolitana. Sin embargo, en julio de 2026, a pesar de enfrentar un evento de mayor envergadura territorial, el número de clientes afectados se redujo considerablemente a 658 mil, y el primer tiempo máximo de recuperación bajó a ocho días. Estos datos indican una disminución del 47% en el total de afectados en el momento más crítico y una reducción del 60% en el tiempo necesario para restaurar el servicio.
Este evidente avance no es fruto de la casualidad, sino de una preparación y coordinación más efectiva durante el año 2026. Según el Ministerio de Energía, se destinaron $91.700 millones a mantenimiento planificado, así como 407 planes de acción para el invierno que sumaron otros $30.639 millones. Las empresas distribuidoras también contribuyeron al esfuerzo, invirtiendo más de $28 mil millones en planes preventivos, lo que representa un aumento del 25% en comparación con el mismo período en 2024. Esta inversión en la infraestructura y en la preparación ante eventos climáticos extremos es fundamental para garantizar una respuesta rápida y eficiente ante emergencias.
Sin embargo, un aspecto crucial en esta discusión es el costo de la resiliencia. El evento de julio de 2026 resultó en 13.051 fallas e impactos en 45.811 empalmes, junto con la caída de casi 10 mil árboles sobre la infraestructura eléctrica, lo que generó costos directos de reposición que ascendieron a aproximadamente 37,3 millones de dólares. Para asegurar respuestas adecuadas ante tales emergencias, es preciso contar con un mayor número de cuadrillas disponibles, equipos de respaldo, logística eficiente y capacidad para movilizar recursos rápidamente, lo que implica una inversión significativa.
Este contexto lleva a la necesidad de replantear cómo se remuneran las empresas distribuidoras en Chile. Actualmente, el modelo de cálculo de tarifas se basa en una empresa teórica que opera en condiciones óptimas. A pesar de que la eficiencia debe mantenerse como principio, la realidad operativa de las distribuidoras se aleja de este modelo ideal. Por lo tanto, es insostenible demandar preparativos para hacer frente a situaciones extremas mientras se basa la compensación en costos de operación que no reflejan las exigencias de una red moderna.
Finalmente, la experiencia de 2024, marcada por una respuesta deficientemente lenta, contrasta con los logros evidenciados en 2026. Esto sugiere que con una adecuada preparación y coordinación, el desempeño puede ser significativamente mejor, incluso frente a fenómenos severos. Esta mejora en la capacidad de respuesta debería considerarse en el corto plazo dentro de las regulaciones, donde es fundamental distinguir entre costos necesarios para la resiliencia y aquellos que sólo responden a la ineficiencia. De esta manera, se puede avanzar hacia una regulación que no solo exija estándares modernos, sino que también reconozca el costo real para alcanzarlos.
