La subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, ha encendido el debate sobre la reforma constitucional impulsada por el gobierno, proponiendo que la seguridad debe tener un rango igualitario en relación con el derecho a la libertad. Según Giannini, es esencial reconfigurar el marco legal para enfrentar los desafíos del siglo XXI, señalando que los problemas actuales requieren una respuesta institucional adecuada que no se puede abordar con las normativas del siglo pasado. Esto incluye la creación de un nuevo estado de excepción que, según ella, ofrecería herramientas necesarias para combatir el crimen organizado y mejorar la seguridad pública en Chile.
A pesar de la resistencia que ha generado la inclusión de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, Giannini defiende la propuesta, argumentando que la colaboración ya existe desde gobiernos anteriores y que el actual cambio constitucional es una medida necesaria para actualizar y fortalecer las capacidades estatales frente a una amenaza que ha evolucionado. La subsecretaria enfatiza la distinción entre el control del orden público y el combate al crimen organizado, apoyando así la idea de que estas fuerzas pueden aportar sin sobrepasar sus funciones.
La problemática de la reforma ha llevado a cuestionamientos dentro del sector político, en particular dentro de la derecha, lo que ha resultado en un debate democrático en el Congreso. Giannini, al ser preguntada sobre estas críticas, menciona que siempre habrá discrepancias en cualquier iniciativa legislativa, y señala que el diálogo en torno a este tema es fundamental. Aunque algunos ven la división en la derecha como un indicador negativo sobre la reforma, la subsecretaria mantiene que estas diferencias son propias del proceso democrático y que eventualmente se logrará un consenso.
Giannini también abordó el tema de los derechos de los condenados por crímenes organizados, defendiendo la idea de que aquellos involucrados en delitos de esta índole no deberían gozar de beneficios sociales, dado el impacto que sus acciones tienen sobre la seguridad y el bienestar de la sociedad. Además, se discute la posibilidad de aplicar sanciones a jóvenes adultos en contextos de crimen organizado, lo que abre un complejo debate sobre la responsabilidad y capacidad de rehabilitación en la juventud.
Finalmente, para Giannini, el establecimiento de un registro de organizaciones criminales es una herramienta vital que permitirá a las autoridades actuar con mayor eficacia contra el crimen organizado. Al eliminar la necesidad de probar la existencia de una organización criminal en cada caso, se facilitará el trabajo del Ministerio Público, lo cual es crucial para avanzar en la lucha contra la inseguridad. La subsecretaria concluye que prioritizar la seguridad pública es indispensable para garantizar el ejercicio pleno de las libertades, afirmando que, sin una base de seguridad, la libertad no puede ser verdaderamente disfrutada por los ciudadanos.
