El reciente intento del gobierno por implementar una reforma constitucional, centrada en un nuevo estado de excepción, ha desatado un intenso debate en el país, evidenciando la fragilidad del orden institucional. La propuesta, que busca fortalecer el sistema de seguridad ciudadana, invade un terreno peligroso: la modificación de la Carta Fundamental, lo que podría alterar el equilibrio de poderes y vulnerar derechos individuales. Desde el inicio, este proceso se ha visto ensombrecido por la falta de diálogo político, lo que refleja una visión preocupante desde el interior de La Moneda.
La falta de consulta previa con los partidos y bancadas del oficialismo ha alimentado la percepción de que el gobierno no se encuentra preparado para enfrentar esta reforma de gran calado. La propuesta de un estado de excepción que podría extenderse hasta 240 días, bajo el control discrecional del Presidente, plantea serias preocupaciones sobre el respeto a los principios democráticos y la separación de poderes. Además, la inclusión de las Fuerzas Armadas en tareas policiales, para las que no están capacitadas, reitera los peligros de una estrategia de seguridad que parece priorizar la represión sobre la protección de los derechos ciudadanos.
La situación se complica aún más con la propuesta de penalizar a los condenados por delitos de crimen organizado, limitándoles el acceso a beneficios sociales durante su condena y hasta quince años después. Esta medida, que no fue discutida con la ministra de Salud, ha generado críticas por su aparente falta de consideración hacia el proceso de reinserción social de estos individuos. La ausencia de un debate interno robusto en el gabinete plantea una imagen de un gobierno desorganizado e incapaz de abordar con seriedad la complejidad de la seguridad pública.
Desde la oposición, se ha recibido esta iniciativa como un regalo político, un argumento sólido para evidenciar la inclinación iliberal del Ejecutivo, que busca imponer medidas extraordinarias sin el correspondiente control democrático. La proposición de un estado de excepción que ignora la consulta parlamentaria se convierte en un arma de doble filo, dificultando la posición del oficialismo y obligando al gobierno a reconsiderar su enfoque en un contexto ya de por sí polarizado.
Este enredo político revela problemas estructurales en la relación entre el poder ejecutivo y otros sectores del estado. La ausencia de un plan claro y bien articulado en materia de seguridad ha dejado al gobierno con un vacío que se traduce en decisiones apresuradas y mal concebidas. La advertencia de la exministra Steinert sobre la falta de estrategia es un eco que resuena con fuerza en la crisis actual, poniendo de manifiesto la necesidad de una revisión profunda en la forma en que se articula la política de seguridad en el país.
