La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el dominio del oficialismo, ha aprobado en primera legislatura una polémica reforma constitucional que elimina la figura del vicepresidente de la República. Esta modificación, impulsada por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, crea en su lugar el cargo de «designados presidenciales», una decisión que ha levantado críticas entre los sectores opositores que la consideran un intento de consolidar una sucesión dinástica. La reforma fue respaldada por unanimidad en el Legislativo, lo que ha generado suspicacias sobre el verdadero objetivo detrás de esta medida.
La reforma, que modifica el artículo 126 de la Constitución Política de Nicaragua, establece que los designados presidenciales serán designados directamente por los copresidentes, Ortega y Murillo. Según la legisladora sandinista Loria Raquel Dixon, quien presentó la iniciativa, esta nueva figura se elevará a rango constitucional y permitirá que la Presidencia asigne funciones específicas a los designados. Sin embargo, la falta de definición sobre las funciones de estos designados ha suscitado aún más dudas sobre la transparencia y legitimidad de esta reforma, lo que alimenta la percepción de un creciente autoritarismo en la gestión del gobierno.
El dirigente opositor Félix Maradiaga ha sido uno de los críticos más vocales de esta reforma, denunciando que no es más que un intento del régimen por consolidar el poder. Maradiaga califica la decisión de «bandazo» en la política del país, argumentando que las reformas anteriores a la Constitución han carecido de coherencia y han respondido a una evidente crisis de sucesión dentro de la cúpula del poder. Su análisis sugiere que el gobierno busca desdibujar las líneas de la legitimidad electoral al crear una nueva figura sin antecedentes claros ni origen democrático.
En sus declaraciones, Maradiaga enfatiza que la inconsistencia de las reformas anteriores, que incluyen la creación de varios vicepresidentes y la figura de la copresidencia, demuestra que el régimen de Ortega no está seguro de cómo manejar su legado y la sucesión. A su juicio, estas reformas no solo son un mecanismo de control, sino que reflejan una desesperación por encontrar una estructura de poder que asegure la continuidad del mismo, especialmente ante el deterioro físico y cognitivo que padece el actual presidente.
Finalmente, la implicación del hijo de Ortega y Murillo, Laureano Ortega, como potencial designado presidencial, ha reforzado las especulaciones sobre los motivos centrales de esta reforma. La oposición, liderada por figuras como Maradiaga, sostiene que el régimen no busca la continuidad del sistema democrático, sino que se propone establecer un modelo de sucesión que garantice el poder en una misma familia, acentuando la crítica de que el país avanza hacia un modelo dinástico, en detrimento de las instituciones y la voluntad del pueblo nicaragüense.
