En medio de una controversia que ha sacudido la esfera política chilena, el vocero del gobierno, Gonzalo Arenas, salió a dar la cara frente a las críticas por las rebajas de condenas a 56 individuos condenados por delitos sexuales contra menores. Arenas defendió al ministro de Justicia, Fernando Rabat, asegurando que se está trabajando en una fórmula que busca evitar que incidentes tan dolorosos se repitan en el futuro. Esta declaración se produjo en un contexto en el que numerosas voces, tanto de la oposición como de colectivos de víctimas, han expresado su descontento por la falta de consideración hacia las víctimas en los procesos judiciales.
Arenas reconoció que, desde el punto de vista humano, hay una «deuda» con las víctimas, subrayando que el proceso comunicacional y la participación de los afectados no se manejó adecuadamente. En sus intervenciones, el vocero enfatizó que la situación expone problemas humanos que no deben ser ignorados, dejando claro que se necesita un replanteamiento en el enfoque del gobierno para garantizar que esto no vuelva a suceder. En este sentido, la administración está en busca de»soluciones definitivas» que mitiguen el sufrimiento de quienes han sido impactados por estos actos delictivos.
En cuanto a las imputaciones que se han hecho hacia el ministro Rabat, Arenas fue contundente al afirmar que no se han cometido errores constitucionales ni legales en el procedimiento que llevaron a cabo las autoridades. «Aquí hay total transparencia», aseguró, restando importancia a las acusaciones de irregularidades en los procesos de rebaja de penas. Argumentó que el compromiso del gobierno es cumplir con la Constitución y que la actuación del ministerio de Justicia se ajustó a la normativa vigente, aunque reconociendo que «humanamente» el manejo de la situación podría haber sido diferente.
Sobre la posibilidad de una acusación constitucional en contra del ministro Rabat, el subsecretario Arenas expresó su confianza en que tales denuncias carecen de fundamento, dado que no se puede acusar a alguien por cumplir con la ley. «No debe haber rotación de ministros en función de presiones externas», dijo. La firmeza con la que Arenas ha defendido a su colega sugiere que el gobierno está decidido a resistir la presión política y a enfrentar los retos que surgen en este contexto tan delicado.
A medida que la crisis continúa, el gobierno se prepara para implementar una nueva estrategia que promete un enfoque más consciente y humano al tratar con casos sensibles como estos. Arenas afirmó que lo primordial es asegurar que nunca más se deje de lado la voz y la experiencia de las víctimas. La administración busca crear mecanismos que mejoren la comunicación y la implicación de los afectados en procesos judiciales futuros, buscando así reparar el daño causado y restaurar la confianza pública en las instituciones.







