La Defensoría de la Niñez ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía Regional de Los Lagos tras recibir alertas sobre «graves hechos» que habrían ocurrido en el Liceo Rayen Mapu de Quellón. Según las declaraciones del organismo, los incidentes habrían tenido lugar el lunes 17 de agosto, donde varios estudiantes adolescentes fueron supuestamente objeto de revisiones corporales por parte de funcionarios de Carabineros, quienes bajaron sus prendas de vestir como método de registro, exponiéndolos frente a sus compañeros y otros miembros del personal del liceo.
El liceo ha emitido un comunicado oficial aclarando que la situación ocurrió durante la jornada escolar de la tarde, en el contexto de un operativo policial en un aula de segundo medio. La denuncia y las revelaciones han generado conmoción en la comunidad educativa, que ahora enfrenta el dilema de proteger a sus estudiantes mientras se llevan a cabo diligencias para esclarecer los hechos. Anuar Quesille, defensor de la Niñez, resaltó la gravedad de la situación, enfatizando que la intervención de agentes del Estado en un entorno escolar debe realizarse con el más alto respeto hacia los derechos de los menores.
En su declaración, Quesille resaltó que las autoridades policiales tienen una obligación especial de respetar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes durante cualquier procedimiento. El defensor afirmó que la dignidad y la integridad física y psíquica de los menores deben ser salvaguardadas en todo momento, algo que, según la denuncia, no se cumplió en este caso. Esta intervención resalta la tensión entre la seguridad pública y los derechos de los estudiantes, generando un amplio debate sobre los protocolos de actuación de las fuerzas policiales en contextos educativos.
La denuncia presentada ante la Fiscalía no solo busca investigar los hechos, que podrían calificar como «apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes», sino que también solicita que se preste una atención especializada a los estudiantes afectados. La Defensoría ha pedido que sean derivados a la Unidad de Víctimas y Testigos, con el fin de evaluar sus necesidades de atención y protección. Este enfoque busca garantizar un seguimiento adecuado que respete su bienestar emocional y psicológico tras la experiencia vivida.
A medida que el caso avanza, la Defensoría de la Niñez ha comenzado a contactar a los alumnos y al liceo para obtener más información sobre las circunstancias que rodearon los incidentes. Se espera que la investigación no solo arroje luz sobre el trato recibido por los estudiantes, sino que también evalué la formación y protocolos a seguir por parte de los Carabineros en situaciones que involucran a menores. Al respecto, Quesille reafirmó que la existencia de un procedimiento policial no debe en ningún caso suspender los derechos inherentes de los niños y adolescentes, subrayando la importancia de mantener un entorno seguro y respetuoso en todos los ámbitos.
