El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso ha comenzado este viernes el juicio oral contra los nueve imputados relacionados con el devastador megaincendio que afectó a Valparaíso y Quilpué en febrero de 2024. El caso ha capturado la atención nacional debido a la magnitud de la tragedia, que no solo dejó un saldo trágico de 138 víctimas fatales, sino que también destruyó miles de viviendas y causó daños materiales cuantiosos. La acusación se centra en la responsabilidad de un grupo de exbomberos y exfuncionarios de la Corporación Nacional Forestal, quienes supuestamente formaron una asociación ilícita para provocar incendios intencionalmente.
El Ministerio Público ha presentado acusaciones graves contra los imputados, quienes enfrentan cargos de asociación ilícita, incendio con resultado de muerte y daño ambiental. En particular, a Francisco Mondaca se le ha imputado también el porte de explosivos artesanales. La Fiscalía busca la pena de cadena perpetua, considerando la gravedad de los eventos y el impacto catastrófico del incendio. Este caso no solo representa una cuestión legal, sino también un llamado a la justicia para las familias de las víctimas que sufrieron la pérdida de sus seres queridos.
El fiscal Osvaldo Ossandón ha destacado durante la jornada inicial del juicio el impacto destructivo que la célula de imputados tuvo en la comunidad y su papel en la reducción de incendios después de su arresto. La Fiscalía ha reunido un robusto conjunto de pruebas, que incluye testimonios de más de 40 civiles y 25 peritos de la policía que participaron en la investigación. De esta forma, se espera que el tribunal pueda establecer la culpabilidad de los acusados y se espera que el juicio dure aproximadamente 60 días.
El inicio del juicio ha motivado una fuerte presencia de los familiares de las víctimas, quienes se han reunido fuera del tribunal para exigir justicia y recordar a aquellos que perdieron la vida en el incendio. La angustia de las familias es palpable y su clamor por justicia resuena no solo en este caso, sino en toda la comunidad que ha sido afectada. Las manifestaciones subrayan la necesidad de una respuesta contundente de la justicia y la sociedad hacia actos tan devastadores.
Además, el Ministerio Público está investigando una causa paralela relacionada con posibles responsabilidades de altos mandos que podrían haber contribuido a los eventos trágicos de febrero de 2024. Dos exfuncionarios de Conaf ya han sido formalizados por cuasidelito de homicidio, resaltando que el caso no solo se limita a los nueve imputados, sino que puede implicar a otros actores que tenían la responsabilidad de prevenir tales desastres. La búsqueda de justicia avanza en múltiples frentes y el país observa con atención el desarrollo de este juicio.
