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Investigación Revela Compleja Trama Inmobiliaria Vinculada a la Familia del Senador Fidel Espinoza

Una reciente publicación de Ciper Chile ha destapado una historia compleja que involucra a la familia del senador del Partido Socialista, Fidel Espinoza, en una serie de transacciones inmobiliarias y relaciones con empresas constructoras en Puerto Montt. Este caso se extiende a lo largo de varias décadas y abarca desde la adquisición inicial de un predio en Chinquihue hasta recientes negociaciones inmobiliarias y proyectos de vivienda social.

La raíz del caso se remonta a la época de la Unidad Popular, cuando Luis Espinoza, padre del senador y diputado del PS en aquel entonces, participó en la ocupación de terrenos en Chinquihue, Puerto Montt, adquiriendo posteriormente terrenos a bajo precio. Sin embargo, tras el golpe de Estado y la ejecución de Luis Espinoza, la familia emprendió una larga batalla legal que culminó en 1982 con la inscripción de 109 hectáreas a nombre de la sucesión de Luis Espinoza, convirtiéndose en un valioso patrimonio familiar.

El valor de estos terrenos se disparó tras un cambio en el Plan Regulador Comunal en 2009, que permitió su desarrollo inmobiliario. En noviembre de 2017, una parte de estos terrenos fue vendida a dos inmobiliarias de José Miguel Martabid por un total de $4.200 millones, transacción que el senador Fidel Espinoza asegura no haber liderado, señalando a su hermano Ramón como el responsable.

No obstante, la trama se complica al revelarse la estrecha relación entre el senador Espinoza, José Miguel Martabid y empresas relacionadas con proyectos de vivienda, incluyendo la participación de un primo del senador como lobbista de una Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) vinculada a estos proyectos. Estas conexiones han levantado sospechas sobre posibles conflictos de interés y falta de transparencia, especialmente considerando las discrepancias en las declaraciones de patrimonio del senador y la acumulación de una deuda en contribuciones sobre el terreno que supera los $1.000 millones.

Frente a las críticas, el senador Espinoza ha defendido su actuación, negando cualquier ocultamiento intencional de información o conflicto de interés en sus acciones. Sin embargo, la complejidad de las relaciones y las transacciones reveladas por Ciper Chile plantean interrogantes sobre la transparencia y ética en el manejo de recursos y relaciones político-empresariales en Chile.

Este caso pone de manifiesto la necesidad de una mayor claridad y regulación en la conducta de figuras públicas y sus relaciones con el sector privado, especialmente en asuntos que involucran significativos intereses económicos y potenciales impactos en la planificación urbana y el acceso a la vivienda. La historia continúa desarrollándose, dejando abiertas preguntas sobre las implicaciones políticas y legales para el senador Espinoza y su familia.

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