La tensión entre los gremios culturales y el Gobierno chileno se intensificó este martes tras la presentación de un artículo sustitutivo al proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, que ha suscitado serias preocupaciones en respecto a la propiedad intelectual. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), junto a otras entidades de la industria cultural, manifestaron su rechazo vehemente a una norma que permitiría la utilización de obras protegidas por derechos de autor para el entrenamiento de inteligencia artificial sin necesidad de compensación ni autorización previa del titular.
El nuevo proyecto de ley establece que será legal reproducir, adaptar, y distribuir obras protegidas, una medida que, según los críticos, no solo desmejora las condiciones existentes para los creadores, sino que también otorga privilegios a las plataformas de inteligencia artificial. En su declaración pública, la ANP afirmó que los cambios propuestos en realidad agravan la situación previamente denunciada, permitiendo que las empresas tecnológicas accedan sin restricciones al patrimonio cultural chileno, lo que podría tener efectos devastadores en la industria creativa.
Uno de los puntos de mayor crítica se centra en el nuevo «Fondo de Promoción y Protección de la Propiedad Intelectual», señalado como insuficiente y más bien una ilusión de compensación. La ANP considera que este fondo no es más que un esfuerzo del Estado para dar apariencia de protección mientras permite una expropiación reguladora de los derechos de autor. La preocupación radica en que este instrumento termina siendo el sacrificio de la industria cultural a favor de intereses corporativos foráneos.
Por su parte, Anatel enfatizó que la legislación parece favorecer exclusivamente a las grandes empresas extranjeras de inteligencia artificial, eliminando cualquier obligatoriedad para negociar o compensar a los creadores nacionales. Además, argumentó que la implementación del fondo propuesto recaerá sobre todos los chilenos, lo que genera un sentimiento de injusticia y desprotección hacia quienes generan contenido cultural. Esta situación suscita dudas sobre cómo se podrá monitorear y exigir a las plataformas tecnológicas los ingresos generados a partir de su uso del patrimonio creativo.
La respuesta del sector cultural no se ha hecho esperar, y destacados representantes de diversas organizaciones, incluyendo IFPI Chile y la Academia de Cine de Chile, han solicitado al Congreso que rechace la indicación gubernamental. En conjunto, han exigido una discusión más profunda sobre la relación entre la inteligencia artificial y los derechos de autor, destacando que la propuesta actual no ofrece justificación ética, jurídica ni económica y, en cambio, amenaza las bases del derecho de propiedad en el país. La alarma ha sido encendida, y el futuro de la propiedad intelectual en el contexto de la inteligencia artificial se encuentra en una encrucijada crítica.
