El exministro de Justicia, Luis Cordero, confrontó el miércoles lo que considera deficiencias en la defensa del actual titular de la cartera, Fernando Rabat, durante la sesión especial de la Cámara de Diputados. Este encuentro fue convocado para analizar el otorgamiento de 54 rebajas de penas a individuos condenados por delitos sexuales contra menores y en dos causas de derechos humanos. La situación ha generado un fuerte debate en el ámbito político, ya que implica decisiones que afectan la seguridad pública y la protección de los derechos de las víctimas.
En un diálogo transmitido por radio Pauta, Cordero se refirió a la acusación constitucional que la oposición está impulsando en contra de Rabat, enfatizando que aunque suele ser cauteloso en sus afirmaciones, el ministro enfrenta serias complicaciones. Señaló que Rabat presentó argumentos que podrían ser perjudiciales para su defensa, lo que plantea la posibilidad de que su permanencia en el cargo esté en riesgo debido al escándalo que envuelve a su gestión.
Cordero argumentó que el papel de Rabat no se limita a suscribir documentos, como ha defendido el ministro. Explicó que la ley establece que la reducción de las condenas es un derecho que se otorga por un decreto supremo, el cual debe ser firmado por orden del Presidente de la República. Esto implica que la responsabilidad última de esta decisión recae sobre el propio ministro, lo que lo convierte en un actor clave en este proceso, contrariamente a su defensa de la delegación de la autoridad a una comisión evaluadora.
Además, el exministro de Seguridad Pública cuestionó la defensa de Rabat cuando este argumentó que la responsabilidad de calificar la conducta de los reos recaía exclusivamente en una Comisión de Beneficio de Reducción de Condena. Cordero destacó que, aunque esta comisión evalúa la conducta, el otorgamiento de beneficios no es un proceso netamente administrativo, sino que implica una toma de decisiones complejas que no pueden ser obviadas por el ministro, quien debe asumir la carga de esas decisiones.
Finalmente, Cordero subrayó que la controversia en torno a las rebajas de penas va más allá de los aspectos jurídicos, señalando la importancia del componente político en el contexto actual. Resaltó que si bien las normativas legales son fundamentales, no se debe perder de vista que en el fondo de esta discusión están las víctimas de estos delitos, quienes muchas veces quedan desprotegidas ante decisiones que, aunque legales, pueden ser moralmente cuestionables. Esta reflexión añade un nivel de complejidad a la crisis que enfrenta el ministro Rabat.
