Tres sujetos fueron formalizados y quedaron privados de libertad tras ser imputados por la explotación sexual de una menor de edad en Talca, en la Región del Maule. Este caso fue parte de una extensa investigación que se denominó «Operación Depredador 3», llevada a cabo por la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI). La Fiscalía de Talca dirigió el proceso que duró ocho meses, involucrando análisis, diligencias y seguimientos exhaustivos para identificar a los responsables de este delito atroz.
De acuerdo con el fiscal José Luis González, se determinó que la víctima era una adolescente de 16 años que se encontraba en una situación de vulnerabilidad y residía en un hogar de acogida en Talca. Se reveló que la menor era explotada sexualmente en un night-club de la misma ciudad. El inspector Cristian Venegas, de la Brigada de Delitos Sexuales (Brisex), confirmó que la investigación permitió corroborar la existencia de una organización criminal dedicada a la explotación de menores.
La operación desplegada por la PDI culminó el 26 de agosto con la detención de todos los integrantes de la organización, además del rescate de la víctima. El operativo incluyó allanamientos a cuatro inmuebles, donde se requisaron elementos vinculados a los delitos investigados. Entre estos hallazgos se encontraban dispositivos electrónicos utilizados para comunicarse con la menor, documentación relevante, dinero en efectivo, y otros objetos de interés criminalístico, como lo describió el inspector Venegas.
El 29 de agosto, los imputados fueron formalizados como coautores del delito de promoción y facilitación de la explotación sexual de menores, quedando bajo prisión preventiva. El grupo está compuesto por tres hombres, entre ellos un ciudadano argentino que es el propietario del night-club, y dos ciudadanos venezolanos: uno que administraba el local y otro que fungía como chófer, encargado de trasladar a la menor desde su residencia al lugar de explotación, según explicó el fiscal.
Se ha fijado un plazo de investigación de cuatro meses para esclarecer todos los detalles del caso y continuar con las diligencias pertinentes. Este lamentable episodio ha puesto de relieve la importancia de las investigaciones en materia de explotación sexual y la protección de menores en situación de riesgo. La Policía de Investigaciones y la Fiscalía han reafirmado su compromiso de seguir luchando contra estos delitos y continuar con la protección de los más vulnerables en la sociedad.
