Los jefes comunales de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) se reunieron este lunes con el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa, en una sesión que se anticipa crucial para el futuro de la megarreforma del gobierno. Esta reforma, que plantea la exención del pago de contribuciones para los adultos mayores, está programada para ser debatida en el Senado. Durante la reunión, los alcaldes, liderados por Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar, plantearon que esta exención no debería aplicarse a quienes tienen ingresos superiores a $ 3 millones mensuales, argumentando que sería una medida más justa y equitativa.
Los dirigentes comunales manifestaron su preocupación por el impacto que la reforma tendría en las finanzas municipales. Se estima que la implementación de la exención significará una pérdida de alrededor de US$ 70 millones provenientes del impuesto territorial, cifra que el gobierno ha aclarado que no repondrá. Esto es especialmente relevante para comunas de alto ingreso como Lo Barnechea, Las Condes, La Reina y Providencia, donde esta medida podría significar una reducción de hasta un 8% en su presupuesto anual, obligando a los alcaldes a buscar alternativas y a mantener diálogo constante con el Ejecutivo.
En la propuesta presentada por los alcaldes, que consta de 13 páginas, se destaca la importancia del «principio de focalización» para garantizar que la exención no sea universal. Esto implica que aquellos adultos mayores con mayores ingresos y propiedades de mayor avalúo fiscal no estén exentos del pago. En tal sentido, la ACHM sugiere que los ingresos se tomen en cuenta no solo de pensiones, sino de una gama de fuentes de ingreso, asegurando que los contribuyentes se ajusten a un esquema que permita alivianar la carga a quienes realmente lo necesiten.
Entre las medidas adicionales propuestas, se menciona que cualquier exención de contribuciones para adultos mayores con propiedades de alto valor fiscal debería diferirse hasta el momento de la venta o herencia del inmueble. Asimismo, la exención solo aplicaría a una vivienda principal. También se han considerado mecanismos de transparencia y trazabilidad para asegurar el uso correcto de los fondos eximidos, y se requiere un aporte fiscal compensatorio para reponer los recursos que las municipalidades perderían por esta reforma.
A pesar de las tensiones entre el gobierno y los alcaldes, los ediles expresaron su disposición a colaborar con la administración pública. Resaltaron que si bien están comprometidos a no generar una carga a las personas mayores que enfrentan dificultades económicas, también consideran justo que aquellos con mayores capacidades de pago contribuyan. La próxima reunión programada con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, será determinante para definir el rumbo de esta discusión, que podría reconfigurar las finanzas de las municipalidades en el país.
