El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, refutó enérgicamente la afirmación del gobierno sobre un «Estado en quiebra», que fue publicada en sus redes sociales tras el aumento de los precios de las bencinas. Durante su intervención en el Congreso, Quiroz dejó claro que la terminología utilizada por el Ejecutivo es incorrecta y peligrosa. Aseguró que si bien el Estado enfrenta una situación fiscal complicada, no se puede hablar de quiebra, pues esto implicaría una incapacidad para cumplir con las obligaciones financieras, lo cual afectaría gravemente la imagen del país a nivel internacional y aumentaría los costos para el crédito tanto del Estado como de las empresas.
Las declaraciones del ministro surgen en un contexto de creciente preocupación por los efectos económicos de la crisis actual. Quiroz destacó que el país ha acumulado 40 mil millones de dólares adicionales en deuda desde la última crisis, lo que evidencia un deterioro, pero no una quiebra. Además, remarcó que el capital de trabajo que el gobierno heredó estaba prácticamente vacío, lo que dificulta aún más la situación fiscal. Esta información busca aclarar malentendidos y proporcionar un panorama más realista de la economía chilena, alejado de alarmismos.
Desde la oposición, los parlamentarios respondieron con firmeza a la publicación del gobierno. El diputado Gonzalo Winter (FA) calificó la afirmación como irresponsable, insistiendo en la importancia que tienen las palabras en la percepción internacional de Chile. Winter argumentó que declarar un Estado en quiebra podría derivar en un aumento de los costos de crédito y en un daño irreparable a la reputación financiera del país. Su llamado a la responsabilidad se enmarca en una solicitud general de perseverar en una comunicación clara y precisa acerca del estado de la nación.
Las críticas no se hicieron esperar de parte de otros miembros de la oposición. La diputada Ana María Gazmuri (AH) denunció el lenguaje alarmista del gobierno, afirmando que nunca antes se había visto un daño tan gran a la imagen internacional de Chile por parte de un gobierno. Gazmuri advirtió que normalizar un discurso de crisis sin fundamentos sólidos puede llevar a consecuencias negativas para las familias chilenas, exacerbando una situación que ya es difícil para muchos.
Por su parte, la diputada Lorena Fries (FA) y otros parlamentarios solicitaron transparencia y cifras verificables sobre la situación financiera del país. Fries, en un tono acusador, contestó que la afirmación de un Estado quebrado es una «fake news» que debe ser rectificada. De igual manera, Constanza Schönhaut enfatizó la necesidad de que el gobierno presente datos concretos y un plan claro que respalde sus afirmaciones. La oposición parece estar unida en la defensa de una comunicación responsable que no ponga en riesgo el futuro económico de Chile.
