El reciente anuncio del gobierno chileno sobre la solicitud de endeudamiento por un total de US$25 mil millones ha suscitado un aluvión de reacciones entre economistas y analistas financieros. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la solicitud mencionando que el aumento en la deuda es un cálculo necesario para cumplir con las obligaciones pasadas y cubrir un déficit creciente. Este nuevo monto excede notablemente las solicitudes previas de endeudamiento, reflejando una clara presión financiera que enfrenta el país en el contexto de un entorno económico desafiante.
La propuesta de presupuesto 2027 se presenta con el objetivo de restablecer la sostenibilidad fiscal, y se basa en un déficit estructural objetivo del 1,8% del PIB, que es una mejora significativa respecto a la meta anterior del 2,8%. Sin embargo, los economistas están evaluando críticamente el nivel de endeudamiento solicitado. Andrés Pérez, del banco Itaú, expresó que el monto es considerablemente alto, especialmente tras la solicitud extraordinaria de US$6.200 millones que se aprobó para el presupuesto de este año. Esto plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno para mantener un manejo fiscal equilibrado.
Expertos como Maximiliano Acevedo, de Rumbo Colectivo, han destacado que este nuevo nivel de deuda es el más alto en la historia de las leyes del presupuesto chileno. Acevedo también subrayó la necesidad de examinar minuciosamente el próximo Informe de Finanzas Públicas para entender el contexto completo detrás de esta medida. La concentración en la deuda hace que sea esencial que el gobierno justifique y detalle cómo planea usar estos recursos, especialmente en momentos en que la aprobación política es crucial para implementar estas políticas.
En términos de gestión del gasto, el discurso del ministro Quiroz también abarca las críticas sobre los recortes en programas sociales, como ‘Yo Elijo mi PC’, un programa clave para proveer computadoras a estudiantes de séptimo básico en colegios públicos. Quiroz enfatizó que el gobierno está dispuesto a escuchar propuestas sobre cómo mejorar y asignar el presupuesto, aunque las decisiones deben respetar los límites generales de sostenibilidad fiscal que el ejecutivo ha establecido. Las discusiones internas seguirán, y se espera que se consideren ajustes si se presentan argumentos convincentes.
Este panorama pone a prueba no solo la capacidad del gobierno de Gabriel Boric para manejar las finanzas públicas, sino también la confianza de los ciudadanos en una administración que enfrenta presiones significativas tanto internas como externas. A medida que el proyecto de ley avanza en el Congreso, la atención se centrará en cómo el gobierno maneja tanto el endeudamiento como los posibles recortes en programas sociales, mientras sigue intentando equilibrar las expectativas de crecimiento y desarrollo económico actual.
