El reciente avance legislativo en Chile que establece la obligación de los partidos políticos de condenar regímenes totalitarios ha generado un intenso debate en el ámbito político y académico. A raíz de una indicación impulsada por el expresidente Gabriel Boric, junto a los exministros Álvaro Elizalde y Macarena Lobos, este cambio busca fortalecer la integridad del sistema político chileno. A través de esta reforma, que fue aprobada con 125 votos a favor en la Cámara de Diputados, se busca replicar los principios de la Constitución que prohíben a los partidos promover sistemas totalitarios e incitar a la violencia, obligando así a los partidos a adoptar posturas claras en estos temas.
Sin embargo, la inclusión de esta obligación ha suscitado preocupación entre algunos parlamentarios, quienes advierten que podría ampliarse el espectro de denuncias contra aquellos colectivos o militantes que no se ajusten a la ley. Esta reforma no solo se enmarca en una obligación pasiva de los partidos, sino que constitucionalmente los empodera para adoptar una postura más activa frente a prácticas que pudieran ser consideradas totalitarias. A su vez, se plantean interrogantes sobre los límites de esta obligación: ¿deberían los partidos condenar a regímenes como el de Cuba o la administración de Nayib Bukele en El Salvador? La ambigüedad en la definición de lo que constituye un régimen totalitario complica aún más la discusión.
La definición de un sistema totalitario es un tema complejo y debatido dentro de la ciencia política. Históricamente, se asocia a los regímenes que suprimen absolutamente las libertades individuales, como el caso contemporáneo de Corea del Norte, y por otro lado, se reconoce que no todas las dictaduras cumplen con esta extrema categorización. Autocracias menos severas, denominadas régimes autoritarios, presentan matices en su control de libertades, resultando en confusiones sobre cuál régimen debe ser considerado totalitario. Esto genera un desafío interpretativo sobre la aplicación de la nueva ley, especialmente en el contexto actual donde muchos países enfrentan reacciones a su gobernanza.
Otras instituciones y académicos han comenzado a cuestionar el uso del totalitarismo para clasificar regímenes actuales, prefiriendo emplear términos más amplios que abordan una gama de autoritarismos. Instituciones como Freedom House distinguen entre países libres y no libres, mientras que el Instituto V-Dem enfoca su clasificación en cuatro tipos de autocracia. Expertos como la politóloga Marcela Ríos señalan que esta ambigüedad puede resultar problemática, ya que se corre el riesgo de que definiciones ideológicas influyan en la categorización de los regímenes políticos por parte de actores que poseen una inclinación particular.
Ante este panorama, la implementación de esta reforma política destaca como un intento por parte de Chile para posicionarse firmemente en el espectro democrático, pero también refleja la dificultad inherente de definir y clasificar regímenes en un mundo en constante evolución. Las consecuencias de esta obligación no solo afectan a los partidos políticos dentro de Chile, sino que también impactan la forma en que se evaluarán y criticarán los gobiernos del exterior. A medida que la discusión avanza, se hará necesario un diálogo continuo sobre qué regímenes deben ser objeto de estas condenas y cómo definir correctamente el concepto de totalitarismo en un contexto político tan multidimensional.
