La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, se ha pronunciado contundentemente sobre el impacto que podría tener el denominado «derecho al olvido», que se encuentra en discusión dentro de la Ley de Reconstrucción Nacional. En una conversación con Chócale, Tornel subrayó que la eliminación de datos financieros históricos no solo podría restringir el acceso al crédito, sino que también podría elevar las tasas de interés, complicando así el panorama para los consumidores y las empresas que buscan financiamiento. Esta situación ha generado una serie de preocupaciones en el sector financiero, donde se teme que la norma facilite condiciones más restrictivas en el acceso al crédito.
Tornel ha clarificado que su inquietud no se relaciona con la proposición de limitar las consultas de antecedentes financieros, sino con la obligación de eliminar esos datos pasados una vez transcurridos cinco años. Aunque esta medida busca proteger al individuo, la presidenta de la CMF insistió en que podría generar más problemas que soluciones. Con el Registro de Deuda Consolidada ya en funcionamiento, que permite a los prestamistas acceder al historial financiero de los últimos cinco años, Tornel argumenta que existe un esquema adecuado que salvaguarda la información del consumidor sin necesidad de eliminar datos relevantes.
En este contexto, Tornel ha señalado que, en caso de que se lleve a cabo la eliminación de datos históricos, el sector financiero podría verse obligado a actuar con mayor cautela y, en consecuencia, otorgar menos créditos. Esto no solo aumentaría las tasas de interés para los solicitantes, sino que también generaría un círculo vicioso donde la falta de información llevaría a una concesión de créditos más conservadora. Este escenario refleja un cambio significativo en la dinámica del crédito, pudiendo perjudicar a quienes necesitan acceder a financiación.
Además, la presidenta de la CMF apuntó que no solo el sector financiero se vería afectado, sino que también complicaría el trabajo de los reguladores. La capacidad de comprobar el riesgo asociado a las instituciones mediante los créditos otorgados se vería profundamente limitada, lo que podría afectar la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. «Es un problema grave que podría repercutir en la solidez del mercado», advirtió Tornel, destacando la necesidad de mantener un control adecuado y acceso a la información histórica.
La preocupación de la CMF no es un caso aislado. Otras entidades, como el Banco Central, también han levantado alertas sobre la propuesta del derecho al olvido. Tornel concluyó su intervención destacando que existe un amplio consenso entre los técnicos del sector acerca de lo perjudicial que esta medida podría resultar. «Es extremadamente grave», recalcó, instando a una reflexión a fondo sobre los alcances de dicha normativa y sus posibles consecuencias en la economía nacional.
