La reciente crisis que afecta a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ha puesto al descubierto una serie de decisiones cuestionables por parte de los directores y ejecutivos de la industria. Con la caída del Fondo E, la Superintendencia de Pensiones planea presentar cargos contra las siete AFP, lo que podría involucrar a más de 60 directores y ejecutivos. Este escándalo ha llevado a las administradoras a prepararse para un proceso legal y a buscar asesoría jurídica, mientras defensores del sector argumentan que sus decisiones de inversión fueron parte de una estrategia bien fundamentada. A pesar de la magnitud de la crisis, hasta el momento, no se han presentado renuncias ni compensaciones por parte de las empresas implicadas.
El debate sobre la responsabilidad de las AFP se ha encendido desde que se conocieron los detalles de la caída del Fondo E, que registró una baja del 10,39% entre enero y septiembre. Los dirigentes de las AFP han intentado defender su postura, argumentando que las decisiones de inversión en derivados fueron necesarias para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones hacia los afiliados que buscan una pensión. Este argumento ha sido meticulosamente revisado y contrarrestado con la idea de que, al llevar a cabo estas operaciones, las AFP asumieron riesgos innecesarios que llevaron a pérdidas significativas. La analogía usada por críticos respecto a la velocidad permitida en carreteras ha ilustrado la desconexión entre la estrategia de inversión y la prudencia necesaria según el contexto del mercado.
La tensión en las gerencias de inversiones de las AFP es palpable, con un ambiente de trabajo saturado de reuniones y llamadas en busca de justificar decisiones ante los controladores y reguladores. La Asociación de AFP también ha tomado parte en esta defensa, aunque cada entidad ha manejado su estrategia de forma individual debido a la gravedad de la situación. La falta de un liderazgo colectivo en la crisis ha dejado a los ejecutivos en una posición en la que deben ofrecer explicaciones que a menudo resultan contradictorias, y esto ha enfocado aún más la atención sobre el cumplimiento de las normas de diligencia por parte de los directorios, en vista de las críticas que han surgido desde el sector político y económico.
La respuesta de los directores a estas acusaciones incluye un enfoque en asegurarse de que las plataformas de defensa estén listas antes de que la Superintendencia de Pensiones formalice los cargos. Este escrutinio se espera que sea profundo y se extienda a varios aspectos de la operación de las AFP. Entre las preguntas que surgen están cuáles son las normas que regirán en adelante la actividad de los directores y si estos han actuado en cumplimiento de sus deberes bajo la supervisión del organismo regulador. Adicionalmente, se contemplan cambios legislativos que podrían afectar los requisitos mínimos para los miembros de los directorios, una discusión que ha generado resistencia dentro de la industria.
El caso plantea también la necesidad de revisar las prácticas de remuneración de los directores y ejecutivos de las AFP, en particular frente a la expectativa de los accionistas y el público. La discusión sobre la compensación de los ejecutivos implicados se ha intensificado, y voces del sector han comenzado a cuestionar la relación entre la remuneración y los resultados negativos de inversión. La presión para compensar a los afiliados más afectados por las pérdidas acumuladas es un tema delicado que las AFP están evitando tocar, ya que aceptar una responsabilidad tácita podría aumentar los riesgos legales en este escenario ya complicado. La emergencia de posibles sanciones, junto a la demanda por transparencia y responsabilidad, redefine las pautas del Gobierno Corporativo en el sector previsional.
