El fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, Marco Pastén, abordó este lunes la audiencia de formalización del exdirigente sindical de Gendarmería, Álex Antonio Vega Torres, quien fue detenido en el marco de la operación Apocalipsis, un despliegue contra la corrupción en las cárceles chilenas. Vega, quien fue líder de la desaparecida Asociación de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), enfrenta serias acusaciones relacionadas con cohecho agravado, lavado de activos y apremios ilegítimos, lo que ha generado gran expectativa en el contexto del creciente escándalo de corrupción en el sistema penitenciario nacional.
Durante la audiencia, se expusieron detalladamente los antecedentes que, según el fiscal Pastén, justifican la acusación y la detención de Vega y su cónyuge. El fiscal subrayó la gravedad de los delitos imputados y argumentó la necesidad de que ambos permanezcan en prisión preventiva, ya que su liberación representaría un peligro tanto para la seguridad de la sociedad como para el avance de la investigación en curso. Además, se mencionó que la esposa de Vega está siendo indagada por delitos de lavado de activos, lo que complica aún más su situación legal.
Pastén también aclaró que, aunque Vega tiene un papel central en la trama de corrupción descubierta, no se ha establecido un vínculo directo entre él y las organizaciones criminales desmanteladas el año pasado, responsables del ingreso de elementos prohibidos en las cárceles. Aún así, su influencia en la Asociación de Funcionarios Penitenciarios permitió que estas redes de corrupción se fortalecieran en el interior de la cárcel Santiago 1, lo que evidencia una conexión preocupante entre su activismo sindical y las prácticas corruptas.
En el contexto de las denuncias, la Fiscalía ha detectado alrededor de 131 millones de pesos que no pueden ser justificados con los ingresos de Vega, lo que levanta serias dudas sobre el origen de su patrimonio. Este descubrimiento se suma a las múltiples pruebas que han llevado a las autoridades a actuar con firmeza contra los involucrados en esta red de corrupción. La magnitud del caso ha llevado a la realización de despliegues en diferentes regiones del país, evidenciando la extensión de la corrupción en el sistema penitenciario.
Por otro lado, la audiencia respecto a Vega y su cónyuge fue interrumpida a solicitud de la defensa, quien argumenta la necesidad de analizar detenidamente los documentos y pruebas presentadas por la Fiscalía. El tribunal, haciendo uso de su facultad, otorgó un plazo para que la defensa se prepare adecuadamente antes de continuar con los alegatos. Esta interrupción añade otra capa de complejidad al proceso, en un escenario donde la lucha contra la corrupción en los centros penitenciarios se ha vuelto una prioridad para las autoridades chilenas.
