La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la adopción de medidas provisionales en respuesta al avance de un polémico proyecto de ley en el Senado chileno. Este proyecto tiene el potencial de permitir la conmutación de penas para personas mayores, lo que podría beneficiar a condenados por delitos de lesa humanidad, incluyendo a exagentes de la dictadura. La preocupación surge tras el llamado de las familias de las víctimas en el caso Vega González contra Chile, quienes alertaron sobre un posible incumplimiento del fallo de la Corte IDH, que había obligado a Chile a aumentar las condenas a estos exagentes por no respetar las normativas internacionales vigentes.
El contexto de esta solicitud se sitúa dentro del marco de las «medidas provisionales», una herramienta que permite a la CIDH proteger los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos ante situaciones que puedan poner en peligro el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH. De acuerdo con la abogada Karinna Fernández, experta en derechos humanos, el avance de la legislación podría dejar sin efecto la condena impuesta a unos 30 exagentes de la dictadura, obligados a cumplir penas más severas tras el fallo internacional. Esto generaría un precedente que podría debilitar el acceso a la justicia para las víctimas.
En su comunicación a la Corte IDH, la CIDH enfatiza la necesidad de que el Estado chileno adopte medidas para garantizar que no se promulgue, ni se deje en vigencia, la iniciativa legislativa que podría contravenir directamente el acceso a la justicia de las víctimas del caso de Vega González. María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, citó precedentes internacionales como los casos Barrios Altos y La Cantuta contra Perú, donde la Corte IDH tomó medidas preventivas para asegurar que no se afectaran los derechos de las víctimas. Esta referencia subraya la urgencia y gravedad de asegurar que la legislación chilena esté en línea con las obligaciones internacionales de derechos humanos.
El análisis del proyecto de ley que está por avanzar al segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados revela que existen serias preocupaciones sobre su contenido, particularmente sobre la falta de criterios claros para aplicar el arresto domiciliario. La CIDH apunta que esta vaguedad podría resultar en una aplicación arbitraria de la ley, lo que agrava la situación para las víctimas que buscan justicia. Según la representación legal, la aprobación de la ley beneficiaría directamente a los condenados por los delitos discutidos en el caso Vega González, lo que resalta la necesidad de un enfoque riguroso que respete las normativas internacionales.
Finalmente, la CIDH advierte que la aprobación de este tipo de iniciativa legislativa podría constituir una violación de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado chileno, generando responsabilidad internacional. La comisión insta a las autoridades chilenas a realizar un control de convencionalidad y garantizar que la interpretación y aplicación del derecho nacional se alineen con sus compromisos internacionales. La situación es un recordatorio de que cualquier intento de ofrecer beneficios legales que disminuyan las penas por graves violaciones a los derechos humanos podría amenazar el principio de verdad y justicia a nivel internacional, un aspecto crucial en la lucha contra la impunidad.
