En los últimos años, la estructura estatal ha experimentado una expansión notable en Chile, con un notable aumento en el número de ministerios y servicios públicos. Sin embargo, este crecimiento organizativo no ha ido de la mano con una mejora en la percepción que tienen los ciudadanos sobre la eficacia del Estado. Este fenómeno ha llevado a una disonancia entre la cantidad de entidades gubernamentales y la calidad real de los servicios ofrecidos a la población. A pesar de la burocracia creciente, muchos ciudadanos siguen enfrentando procesos largos y complejos para acceder a los servicios que necesitan, lo que ha fomentado una percepción de ineficiencia y frustración en la relación entre el Estado y la ciudadanía.
Las estadísticas respaldan esta crítica situación. Según la Encuesta de Confianza de la OCDE 2025, solo un 25,7% de los chilenos confían en el gobierno central, cifra preocupante si se compara con el promedio del 40% en otros países de la OCDE. Asimismo, la satisfacción con los servicios administrativos es mucho menor en Chile (48%) que la media de la OCDE (68%). Esta desconfianza y descontento generalizado resalta la importancia de reevaluar el modelo de funcionamiento del Estado chileno. La falta de respuestas rápidas y eficaces no solo alimenta la desaprobación, sino que distancia a los ciudadanos de las instituciones encargadas de servirles.
Al abordar la reforma del Estado, la discusión no debe limitarse a una mera reducción de ministerios o la eliminación de subsecretarías. Si bien estas medidas pueden ser necesarias, no son suficientes para resolver los problemas subyacentes. Es crucial eliminar duplicidades, integrar información y simplificar trámites, así como establecer responsabilidades claras que permitan medir resultados de manera efectiva. La reestructuración del Estado debe orientarse también a la asignación de recursos hacia áreas que generen valor público real. La Comisión Asesora Presidencial Nueva Arquitectura del Estado, de la que formo parte, tiene ante sí el reto de diseñar un sistema que funcione, más allá de un simple organigrama, pensando en el beneficio de cada ciudadano.
Además, este proceso de modernización del Estado debe llevar a la inclusión de las voces de quienes trabajan en él. La participación de los funcionarios es fundamental para crear un ambiente de trabajo que les proporcione herramientas y responsabilidades claras. La reforma debe ser percibida como una mejora en su capacidad para cumplir con sus funciones, no como una amenaza a su estabilidad laboral. Escuchar sus perspectivas es vital para construir una administración pública más eficiente y receptiva a las necesidades del pueblo chileno.
Finalmente, el objetivo de esta transformación no debería ser un mero cambio cuantitativo, sino el establecimiento de un Estado más ágil y eficiente. Debemos buscar un sistema que responda a tiempo, use los recursos de manera eficiente y que no haga perder tiempo a quienes solo buscan respuestas. En última instancia, el Estado debe recordar su propósito fundamental: servir a la ciudadanía y no a sí mismo. Un cambio profundo en la arquitectura del Estado es esencial para restaurar la confianza y brindar un servicio que realmente cumpla con las expectativas de todos los chilenos.
