Andrés Astorga se perfila como el líder de una compleja red de tráfico de marihuana que, bajo la fachada de dispensarios medicinales, proyectaba alcanzar ingresos descomunales en un contexto donde la marihuana aún es un tema de debate y regulación en muchos países. Contando con la protección de una estructura empresarial, Astorga y su organización, a través de la sociedad DN Medcorp SpA, lograron establecer una base operativa que, según la Fiscalía y el OS7 de Carabineros, despliega su actividad delictiva de forma sofisticada, dividiendo sus funciones en tres niveles claramente diferenciados: directivos, producción y comercialización. Este enfoque estructural no solo les permitió manejar un producto tan controvertido como la marihuana, sino que además les facilitó ocultar su actividad ilícita bajo el velo de la legalidad.
En el centro de esta operación, Astorga y su equipo implementaron una narrativa que asociaba la venta de cannabis a un uso terapéutico y medicinal, obligando a los usuarios a inscribirse como miembros y presentar recetas médicas, creando una apariencia de legalidad. Sin embargo, las pruebas recopiladas por la Fiscalía indican que este sistema era en realidad un mecanismo de simulación, diseñado para atraer a un espectro más amplio de consumidores, quienes, bajo el pretexto de salud, podrían acceder a un producto cuyo verdadero objetivo era el lucro. La organización, compuesta por múltiples actores desde cultivadores hasta operadores de venta, generó un volumen de negocios que escaló de $12 millones a $750 millones mensuales en un corto período de tiempo, revelando la ambición desmedida de su líder.
El cultivo de cannabis para Astorga no se limitaba a un solo lugar; la organización tenía plantaciones en diversas regiones del país, desde Pelarco hasta Puchuncaví. A pesar de poseer permisos para cultivar cannabis con baja concentración de THC, los operativos policiales indican que desviaban la producción hacia marihuana con un alto contenido psicoactivo, lo que les permitía maximizar sus ganancias y distribuir su producto a través de una extensa red de dispensarios localizados en todo Chile. La magnitud de esta operación indica que se trataba de un negocio claro de narcotráfico, donde los cultivadores y responsables logísticos estaban alineados con un objetivo común: la obtención de ganancias ilícitas a cualquier costo.
La sofisticación del negocio no solo se limitó a la producción y distribución; la organización de Astorga se preocupaba también por el crecimiento sostenible del negocio. Conversaciones interceptadas por la Fiscalía evidencian cómo el líder de la organización planificaba estrategias de expansión, incluyendo metas agresivas de ingreso que superaban los US$ 20 millones anuales. Su visión empresarial implicaba mejorar la calidad del producto y optimizar procesos, lo que demuestra que, a pesar de su naturaleza delictiva, estaban operando con una lógica absolutamente mercantil, buscando capitalizar sobre el creciente consumo de cannabis en la sociedad.
Por último, la reveladora conversación con su socio, Johanny, esclarece no solo el modelo de negocio, sino la forma en que Astorga manipulaba la percepción pública del cannabis. Él se muestra consciente del doble estándar de su oferta, reconociendo que el producto no estaba dirigido únicamente a los pacientes enfermos, sino a un mercado mucho más amplio de consumidores recreativos. A medida que la charla avanza, se hace evidente que la organización había tejido una red que no solo abarcaba la venta de marihuana, sino que también se beneficiaba de la confusión y falta de regulación del sector, presentándose como un negocio legítimo en un entorno donde la demanda de cannabis sigue creciendo.
