Las bancadas de oposición han decidido iniciar un estudio para una posible acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat. La controversia surge a raíz de la reciente modificación del criterio de rebaja de condenas para delitos sexuales, la cual ha generado descontento entre los legisladores y la sociedad. Esta decisión fue comunicada en una reunión entre líderes de diversas colectividades progresistas, incluyendo el Frente Amplio y el Partido Comunista. Se ha estipulado que en la próxima sesión del Congreso Nacional, programada para el 28 de octubre, se revelará una resolución sobre el futuro del ministro Rabat.
El cambio en el criterio legislativo ha sido objeto de críticas, especialmente dado que ha beneficiado a 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad. Este hecho ha abierto un flanco importante en la defensa de la infancia, y muchos diputados sienten que es su responsabilidad actuar en defensa de las víctimas. En una declaración conjunta, las bancadas opositoras expresaron su compromiso por realizar un estudio exhaustivo de las razones y la legalidad de la decisión del ministro, así como de dialogar con otros sectores que compartan la urgencia de proteger a la niñez y perseguir la justicia para aquellos que han padecido abusos.
El llamado a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el mismo 28 de octubre tiene como finalidad que el ministro Rabat explique su decisión ante el Congreso. Durante esta sesión, se espera que Rabat dé cuenta no solo de los fundamentos jurídicos de su actuar, sino también de su responsabilidad frente a esta situación que ha generado preocupación en la ciudadanía. La intensificación del debate en el Congreso es una señal clara del compromiso de la oposición por buscar una mayor supervisión en las decisiones que afectan a la población más vulnerable.
La oposición no solo ha centrado su crítica en el ministro Rabat, sino que también han emplazado al Presidente José Antonio Kast a que asuma la responsabilidad política por lo ocurrido. En sus declaraciones, los líderes opositores han solicitado que el presidente reconozca el error en el cambio de criterio y tome las medidas necesarias para remediar la situación, lo que incluiría potencialmente la renuncia o destitución del ministro. Esto ha sido calificado por diversos sectores como un hecho necesario para restaurar la confianza en las instituciones y en el sistema judicial del país, que se encuentra bajo un gran escrutinio público.
Finalmente, la oposición ha hecho un llamado a la ciudadanía y a otros sectores políticos para que se unan en la defensa de los derechos de la niñez en Chile. La declaración final del grupo enfatiza que no se puede permitir que las víctimas de delitos quedarán indefensas o tengan miedo de buscar justicia. Este movimiento en el Congreso refleja no solo la indignación de los legisladores sobre el cambio de criterios en las condenas, sino también un llamado urgente a la acción conjunta para proteger a la infancia ante situaciones de vulnerabilidad, especialmente en un contexto de creciente alarma social.
