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Fernando Rabat y la polémica acusación constitucional en el Congreso

El Ministro de Justicia, Fernando Rabat, compareció este viernes ante el Congreso Nacional para presentar su defensa ante la acusación constitucional interpuesta por diputados de oposición. En un documento elaborado por su abogado defensor, Juan Ignacio Piña, Rabat refutó cada uno de los tres capítulos del libelo acusatorio, argumentando que su desempeño se ha ajustado rigurosamente a la legislación vigente y a la interpretación de la Corte Suprema. La presentación de Rabat es parte de un proceso que ha generado intensos debates tanto al interior del gobierno como en la opinión pública, sobre temas delicados relacionados con la justicia y los derechos humanos en el país.

La defensa se centra en los cuestionamientos sobre las rebajas de condena otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores y por crímenes de lesa humanidad. Rabat sostiene que las acusaciones no pueden tomarse como un mecanismo de censura por diferencias en la interpretación jurídica, enfatizando que las causales presentadas en el libelo deben ser muy específicas y claramente fundadas para que se considere válida su acusación. Esto subraya una posible tensión entre los poderes del Estado, donde la interpretación legislativa y judicial juega un papel crucial en la administración de justicia.

En respuesta a las implicaciones del primer capítulo de la acusación, que aborda las rebajas de condena, la defensa argumenta que la ley N° 21.421 de 2022 no estipuló claramente la aplicación temporal de las exclusiones a estos beneficios. Rabat señala que no había una norma que obligara a extender la nueva restricción a delitos cometidos antes de la entrada en vigor de la ley, y remarca que actuó en base a una garantía constitucional que debe ser respetada. Sin embargo, también reconoce las fallas en el procedimiento que impidieron una adecuada participación de las víctimas en estos casos, señalando que es un aspecto que requiere profundas reformas.

En cuanto a las rebajas aplicadas a condenados por crímenes de lesa humanidad, la defensa argumenta que la legislación nacional no contenía prohibiciones explícitas para otorgar estos beneficios. Rabat defiende que como Ministro de Estado no tiene la autoridad para añadir excepciones a lo que el legislador ya ha establecido. Esta defensa abre un debate sobre la capacidad del ejecutivo para interpretar y aplicar la ley, especialmente en casos tan sensibles como los relacionados con violaciones de derechos humanos, donde la percepción pública puede ser especialmente crítica.

Finalmente, respecto a las acusaciones de falta de probidad y entrega de información al Congreso, la defensa reitera que no existieron falsedades en las declaraciones de Rabat. El documento clarifica que el propio libelo acusatorio no niega que nunca se había afirmado que la víctima relacionada con el decreto de 2025 era menor de edad, ni se cuestionan las cifras entregadas sobre recursos de amparo. La defensa concluye que las discrepancias planteadas son más sobre interpretaciones de la ley que sobre infracciones constitucionales, sugiriendo que estas acusaciones deben ser vistas en el contexto de debate democrático y legislativo más amplio.

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