El Senado de Chile aprobó recientemente la partida de **Justicia y Derechos Humanos** correspondiente a la Ley de Presupuesto 2027, en una sesión marcada por la controversia de las rebajas de condenas instauradas por el Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat. La aprobación ocurrió tras la decisión del ejecutivo de hacer reserva de constitucionalidad respecto a la inclusión de una glosa que exige al ministerio informar al Congreso sobre los beneficios de reducción de condena que se otorgaron anteriormente. Este hecho ha generado un intenso debate en torno a la transparencia y responsabilidad del gobierno en la gestión de justicia, especialmente por los casos que han beneficiado a delincuentes peligrosos como abusadores y violadores de derechos humanos.
La noticia se centra en una indicación presentada por la senadora Daniella Cicardini (PS), que busca que la Subsecretaría de Justicia lleve a cabo, en el primer semestre de 2027, una revisión extraordinaria de los expedientes relacionados con solicitudes de reducción de condena acogidas o rechazadas durante 2026. Cicardini enfatizó que la iniciativa responde a la necesidad de restaurar la confianza en el ministerio, especialmente tras el escándalo que ha surgido en torno a las decisiones del ministro Rabat. Para la senadora, la medida es fundamental para asegurar la transparencia y responsabilidad del gobierno frente a liberaciones de delincuentes de alta peligrosidad.
El debate legislativo mostró una clara división de opiniones. Por un lado, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, argumentó que la indicación era inadmisible, ya que violaba el artículo 65 de la Constitución Política al imponer funciones específicas al Ministerio de Justicia, rol que es exclusivo del Presidente de la República. En contraste, los partidarios de la glosa defendieron su aprobación como un mecanismo necesario para garantizar que el Congreso esté debidamente informado sobre las decisiones que afectan la seguridad y justicia del país.
A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo por eliminar la glosa vinculada a la revisión de beneficios de reducción de condena, el Senado se mantuvo firme en su posición y la indicación fue aprobada con 16 votos a favor y 13 en contra. La insistencia del gobierno en hacer reserva de constitucionalidad refleja su preocupación por el alcance de esta exigencia, que podría interpretarse como una infracción a los límites constitucionales sobre el funcionamiento de los ministerios. El clima en el Senado indica que el debate sobre el manejo de las políticas de justicia se intensificará en los próximos meses.
Además de la discusión sobre justicia y condenas reducidas, el Senado también trató la reposición de glosas relacionadas con el Plan Nacional de Búsqueda. La senadora Beatriz Sánchez criticó una glosa del gobierno que requería al Servicio Médico Legal (SML) informes periódicos acerca de la identificación de osamentas de detenidos desaparecidos. Sánchez argumentó que esta exigencia ya estaba cubierta por una glosa anterior, lo que generaría una sobrecarga de trabajo innecesaria para un servicio que opera en base a órdenes judiciales. Sin embargo, el ministro Ruminot defendió la medida como un paso lógico y necesario para asegurar que se realice el seguimiento adecuado de casos tan sensibles para la memoria histórica del país.







