La reciente intervención de Ueno Bank en Paraguay ha despertado preocupaciones sobre la posible ocurrencia de una crisis bancaria similar en Chile. La situación del banco paraguayo, que dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus fondos tras caer por debajo del mínimo exigido de solvencia, ha sido un tema candente de discusión. Los expertos chilenos han señalado que, aunque un colapso bancario no es imposible, las regulaciones vigentes en el país hacen que el escenario sea menos probable. Mauricio Larraín, académico de la Universidad de los Andes, destacó que Chile ha aprendido de su crisis financiera de 1982 y que, a través de un enfoque riguroso en la supervisión y regulaciones, se han implementado medidas preventivas que buscan evitar situaciones similares.
Uno de los principales mecanismos de prevención en Chile es la limitación de los préstamos que los bancos pueden otorgar a empresas relacionadas con sus controladores. En este sentido, Larraín advirtió que las diferencias en el cumplimiento de estas reglas son significativas entre Chile y Paraguay. Mientras que en Chile los bancos solo pueden prestar hasta un 5% de su patrimonio a grupos vinculados sin garantías—y hasta un 25% si cuentan con ellas—, en Paraguay la cifra era considerablemente mayor, alcanzando el 20%. Sin embargo, el problema en Paraguay no radicaba solo en la cifra permitida, sino en la falta de fiscalización adecuada para asegurar que se cumplían las normativas existentes.
Desde la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), se han enfatizado las facultades de intervención temprana y los límites en los créditos bancarios como pilares para la estabilidad del sistema financiero en Chile. La CMF ha destacado que las exigencias de Basilea III están plenamente implementadas, lo que contribuye a la solidez del sistema. Además, existen mecanismos robustos de protección para los depositantes, que incluyen la garantía estatal en depósitos a plazo y cuentas de ahorro, así como el respaldo del Banco Central en el caso de liquidaciones forzosas. Estos resguardos son cruciales para brindar confianza a los ciudadanos en el sistema bancario chileno.
A pesar de estos mecanismos, Valenzuela ha señalado la existencia de importantes brechas que aún requieren atención, como la falta de una ley de resolución bancaria que permita manejar adecuadamente la quiebra de una entidad financiera. Esta ley permitiría congelar los activos de un banco inviable y trasladarlos a otra institución para continuar operando y proteger a los clientes. Asimismo, la ausencia de una normativa que supervise a los conglomerados financieros en su totalidad limita la capacidad de los reguladores para ver la imagen completa del riesgo asociado a un grupo bancario. Estas falencias resaltan la necesidad de un constante perfeccionamiento del marco regulatorio.
Finalmente, Larraín, reflexionando sobre la sensibilidad del sistema financiero, advirtió que la solvencia de un banco no siempre es un indicador fiable de su salud. Ueno Bank, que parecía estar en buenas condiciones apenas semanas antes de su intervención, resalta el riesgo latente que pueden tener las instituciones financieras. La crisis de Ueno Bank pone de manifiesto la importancia de contar con un marco regulatorio integral y proactivo en Chile, capaz de prever y mitigar riesgos antes de que se materialicen en una crisis financiera, garantizando así la protección de los ahorros de los ciudadanos chilenos.
