El gobierno del Presidente Gabriel Boric ha optado por mantener a Chile con un carácter de «observador» dentro de la Coalición Contra los Carteles de América (A3C), decisión que fue reafirmada en la reciente cumbre desarrollada en República Dominicana. Esta postura ha suscitado una serie de debates, dado que se considera prudente no avanzar hacia una adhesión plena en tanto no se aclaren los compromisos que la integración a la A3C implicaría, especialmente en relación al uso de la fuerza militar para combatir el crimen organizado y otras amenazas que aquejan a la región. Actuar con cautela se presenta como un enfoque razonable ante la complejidad del fenómeno del crimen organizado, que desafía las capacidades y recursos de los gobiernos sudamericanos.
La A3C forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración del expresidente estadounidense Donald Trump, quien estableció elementos clave en su Estrategia de Seguridad Nacional, abordando aspectos relevantes para los países del Hemisferio Occidental. En este contexto, se enmarca el Escudo de las Américas, diseñado para crear una coalición regional que, aunque tiene un enfoque en la lucha contra el crimen organizado, aborda temas económicos y de seguridad. Es crucial señalar que la A3C funcionaría como una extensión militar de esta coalición, operando bajo la logística del Departamento de Defensa de EE.UU. y del Comando Sur, lo cual suscitó inquietudes sobre la soberanía y la autonomía de las decisiones de política exterior de los países miembros.
La decisión del Presidente Kast de adherir a la mencionada coalición ha sido criticada por diversos sectores de la oposición, incluyendo a expresidentes como Gabriel Boric y Michelle Bachelet, quienes han llamado a reconsiderar el paso dado por el gobierno. Argumentan que el país, al integrarse a la A3C, podría verse subordinado a los intereses de Estados Unidos, promoviendo una mayor injerencia en la política interna chilena. Sin embargo, incluso se reconoce que una alineación con tendencias regionales ya en marcha, de parte de la mayoría de los otros países, podría ser difícil de eludir, especialmente en un contexto donde el intercambio de información de inteligencia resulta fundamental para abordar el enfrentamiento al crimen organizado.
Actualmente, las implicancias de la A3C están en un proceso de evaluación, reflejando la necesidad de un enfoque cuidadoso por parte del gobierno chileno, sobre todo considerando que el acuerdo ya cuenta con la participación de 19 países. En el seno del gabinete, diferencias sobre la dirección a seguir se manifiestan, en especial en lo que respecta a integrar formalmente a Chile a la A3C. La posición del ministro de Defensa se ha destacado, abogando por seguir como observadores, lo que señala la falta de consenso y la complejidad del tema desde el punto de vista legislativo y de la institucionalidad del país.
El gobierno ha decidido socializar nueva información sobre el A3C con diversas entidades, resaltando la importancia de tratar este asunto como cuestión de Estado. La búsqueda de nuevos antecedentes refleja una responsabilidad ejecutiva que reconoce la necesidad de un debate más amplio y fundamentado en torno a esta coalición, enfatizando que la participación de las Fuerzas Armadas chilenas en operaciones contra el crimen organizado no está contemplada en la legislación nacional actual. Este enfoque sinaliza un respeto a los fundamentos democráticos y un llamado a la transparencia en temas que afectan la seguridad y soberanía del país.







