La **Cámara de Diputados** se encuentra en sesión especial para analizar la controvertida decisión del Ministerio de Justicia de otorgar 56 rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales, muchos de ellos contra menores de edad. La controversia ha despertado un profundo debate en la sociedad chilena, donde la protección de los derechos de los niños es un tema sensible y relevante. En este contexto, el ministro de Justicia, **Fernando Rabat**, fue convocado a rendir cuentas, destacando que más de 40 de los beneficiados ya habían tenido resoluciones favorables en el pasado, antes de la implementación de los decretos que firmó. Esto plantea interrogantes sobre el proceso judicial y la labor del ministerio en la supervisión y regulación de estas decisiones, que han generado una ola de críticas.
El encuentro en la Cámara de Diputados se ha convertido en un punto focal para la tensión política, ya que la oposición se encuentra evaluando la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra el ministro Rabat. Mientras tanto, los partidos del oficialismo, incluyendo a aquellos que tradicionalmente apoyan al gobierno, están divididos sobre el futuro de Rabat en el gabinete. Varios parlamentarios oficialistas han expresado abiertamente su deseo de que el ministro dimita, mostrando así la disconformidad que existe en el seno del mismo bloque que le da respaldo al gobierno.
El presidente de la República, **José Antonio Kast**, ha respaldado públicamente a Fernando Rabat a pesar de las crecientes presiones tanto desde la oposición como desde algunos sectores de su propio partido. Kast parece decidido a no ceder ante las críticas, manteniendo al ministro en su puesto mientras evalúa las consecuencias políticas de esta controversia. Sin embargo, dentro de su administración, se rumorea que su permanencia podría estar en una cuenta regresiva, lo que añade una capa de incertidumbre sobre la estabilidad del gabinete.
A medida que la sesión en la Cámara de Diputados avanza, la oposición, liderada por el Partido Socialista, insiste en la necesidad de que el gobierno sea transparente y entregue toda la información relacionada con las rebajas de condena otorgadas. El jefe de bancada, **Raúl Leiva**, ha subrayado la urgencia de afrontar de cara a la ciudadanía la grave situación presentada, que involucra a violadores y abusadores de menores. La presión también proviene de la sociedad civil, que ha manifestado su descontento con las decisiones tomadas por el Ministerio de Justicia.
En el marco de esta crisis, el diputado de Evópoli, **Jorge Guzmán**, ha criticado a sus colegas de oficialismo que están presionando por la salida de Rabat, llamando a ello un «aprovechamiento de politiquería». Esta declaración resalta las fracturas que están quedando al descubierto no solo entre los partidos de la coalición, sino también sobre la percepción pública de cómo se manejan estos temas tan sensibles y complejos. La sesión de hoy no solo es un momento crucial para la política chilena, sino también un reflejo de la lucha por el equilibrio entre la justicia penal y la protección de los derechos de los más vulnerables.







