La gestión del ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha sido fuertemente criticada tras la controversia sobre las rebajas de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra menores. Según una reciente encuesta de Plaza Pública de Cadem, un asombroso 77% de los encuestados desaprueba su labor en este asunto, lo que refleja un descontento generalizado entre la población. Este descontento se agrava considerando que un 59% de quienes desaprueban su gestión se identifican con la derecha, lo que indica que el malestar no se limita a sectores de izquierda, sino que atraviesa el espectro político. Ante este escenario, la figura de Rabat se ha vuelto un tema central en la discusión política actual.
El respaldo hacia el presidente José Antonio Kast también se ha visto afectado, ya que un 64% de los encuestados se muestra en desacuerdo con su decisión de mantener a Rabat en su puesto. Esto sugiere que la administración de Kast enfrenta un desafío significativo en cuanto a la confianza pública. Además, el sondeo revela que un abrumador 79% de los consultados considera que Rabat no estaba obligado a firmar los decretos que permitieron las rebajas de condena, lo que pone en tela de juicio su responsabilidad y el proceso de toma de decisiones en el Ministerio de Justicia.
El rechazo a las rebajas de condena es un sentimiento compartido en la sociedad chilena. La encuesta indica que el 94% de los consultados se opone a la concesión de beneficios penitenciarios a delincuentes sexuales, y un notable 90% afirma que aquellos condenados por violación o abuso sexual nunca deberían beneficiarse de tales reducciones. Estas estadísticas no solo reflejan un consenso casi unánime en contra de estas políticas, sino que también evidencian una creciente presión sobre el gobierno para que implemente cambios legislativos que impidan estas prácticas en el futuro.
La confianza en el Estado para proteger a los menores de edad también está en niveles alarmantemente bajos. Un 75% de los encuestados manifiesta tener poca o ninguna confianza en que el gobierno sea capaz de salvaguardar a niños y adolescentes frente a los delitos sexuales. Además, un 77% desconfía del sistema de justicia, señalando que este no trata adecuadamente a las víctimas de violencia sexual. Estas cifras son preocupantes y reflejan la urgencia de una respuesta institucional más efectiva y diligente ante estos casos delicados.
A medida que se desarrollan estos acontecimientos, la aprobación del presidente Kast se mantiene en un bajo 29%, con una desaprobación que alcanza el 66%. Esta situación indica que la administración debe abordar no solo la crítica hacia Rabat, sino también un panorama más amplio de desconfianza hacia las instituciones y la capacidad del gobierno para manejar crisis de derechos humanos. En este contexto, la presión para realizar cambios en la normativa y garantizar una mejor protección para los menores se hace más urgente que nunca, pues la ciudadanía exige respuestas efectivas a la problemática de la violencia sexual.
